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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista y dirigente cristiano Julio Garó llamó al Gobierno y al Congreso Nacional a posponer la entrada en vigencia del nuevo Código Penal y someterlo a un proceso de revisión profunda, al considerar que algunas disposiciones podrían entrar en contradicción con derechos fundamentales reconocidos por la Constitución dominicana y por convenios internacionales suscritos por el país.
Garó señaló que toda reforma penal debe estar armonizada con los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana en materia de derechos humanos, incluyendo los principios establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y otros instrumentos internacionales que protegen la dignidad humana, la libertad de expresión, el debido proceso y las garantías ciudadanas.
“El Estado dominicano tiene el deber de crear leyes que fortalezcan la justicia, pero siempre respetando los derechos fundamentales que han sido reconocidos tanto por nuestra Constitución como por los acuerdos internacionales que el país ha asumido”, expresó Garó.
El periodista manifestó su preocupación por cualquier disposición que pueda limitar la libertad de expresión, señalando que el derecho de todo ciudadano a expresar sus ideas de manera responsable constituye uno de los pilares esenciales de una democracia participativa.
“Una sociedad democrática se fortalece cuando existe libertad para debatir, opinar y fiscalizar. Cualquier norma que pueda afectar ese equilibrio debe ser revisada mediante el diálogo nacional y la participación de todos los sectores”, indicó.
Julio Garó exhortó al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional a abrir un espacio de consulta con juristas, organizaciones sociales, instituciones religiosas, defensores de derechos humanos y representantes de la ciudadanía, para garantizar que el nuevo Código Penal sea una herramienta de justicia y no una fuente de restricciones a las libertades públicas.
Asimismo, llamó a las autoridades a actuar con responsabilidad histórica, evitando generar confrontaciones sociales y preservando la paz nacional, mediante el respeto a la democracia, la separación de poderes y los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
“Los funcionarios legislativos tienen el mandato de proteger los derechos de todos los ciudadanos y mantener vivo el espíritu democrático que permitió su elección. La revisión de esta legislación es una oportunidad para construir un marco penal moderno, justo y respetuoso de la dignidad humana”, concluyó Garó.
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