La jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Sonia Sotomayor, reveló en su declaración financiera anual, publicada este lunes, que recibió entradas valoradas en 4.333 dólares para un concierto del cantante puertorriqueño Bad Bunny, un obsequio del sello discográfico Rimas Entertainment.
Aunque la declaración, divulgada por el poder judicial, no identifica directamente al artista ni el espectáculo, señala que la magistrada recibió boletos para conciertos organizados por el sello musical de Bad Bunny y, de acuerdo con el medio estadounidense Político, un viaje privado de Sotomayor a Puerto Rico en agosto pasado coincide con las fechas de los conciertos.
Las declaraciones financieras de los magistrados permiten conocer los ingresos, regalos y reembolsos recibidos fuera de sus funciones judiciales y se publican en un contexto de creciente escrutinio sobre las normas éticas que rigen al máximo tribunal de Estados Unidos.
Fotografía de archivo de la jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos Sonia Sotomayor. EFE/ Kiko Huesca
Sotomayor alerta de caos en el Gobierno
Este mismo lunes, Sotomayor denunció la decisión de la Corte Suprema de ampliar el poder de destitución del presidente Donald Trump sobre los líderes de las agencias federales, calificándola de fallo «profundamente desestabilizador» que desataría el caos en la gobernabilidad.
Al leer su voto particular desde el estrado el lunes, Sotomayor criticó a los seis jueces conservadores por su adhesión a una «teoría ejecutiva unitaria», que, según ella, se produjo a expensas de las leyes, la historia y los precedentes que establecen la independencia entre ciertas agencias federales.
Sotomayor, de ascendencia puertorriqueña y nacida en el distrito neoyorquino del Bronx, fue nominada al Tribunal Supremo por el expresidente Barack Obama en 2009, convirtiéndose en la primera jueza latina en integrar el máximo tribunal estadounidense.
Durante el segundo mandato de Trump, Sotomayor se ha consolidado como una de las principales voces disidentes del ala liberal del Supremo, al oponerse a fallos que ampliaron los poderes presidenciales, restringieron la capacidad de los jueces federales para bloquear medidas del Ejecutivo y facilitaron la destitución de funcionarios de agencias independientes.
