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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa pidió este martes, que se respete entrada en vigor del nuevo Código Penal, pero que se conforme una comisión bicameral de seguimiento para tratar los principales puntos en discordia con algunos sectores de la sociedad civil.
«El país no tiene que escoger entre paralizar el nuevo Código Penal o ignorar los artículos que requieren revisión», afirmó Ulloa a través de su cuenta de X.
A su entender se debe buscar una ruta responsable institucional, respetando la entrada en vigencia del Código Penal en el plazo establecido.
Para esto plantea que se puede conformar una comisión bicameral de seguimiento, generar un diálogo legislativo dentro de la legislatura actual, que vence el 26 de julio.
Así como aprobar una ley modificatoria puntual sobre los artículos que requieren tratamiento y mantener la comisión bicameral durante un año para realizar cualquier ajuste legislativo necesario.
«La justicia no se fortalece con improvisación ni con parálisis. Se fortalece con diálogo, corrección oportuna, seguridad jurídica y sentido de Estado», expresó Ulloa.
Sostuvo que el diálogo debe permitir revisar y armonizar cualquier aspecto que pueda generar incertidumbre en la aplicación de la normativa, según detalla un comunicado de prensa.
La propuesta se produce de cara a la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, prevista para el próximo 3 de agosto.
El Defensor del Pueblo considera que la actualización de la legislación penal representa un avance para el país, aunque señaló que la efectividad de la reforma dependerá de su aplicación.
En ese sentido, indicó que el objetivo debe ser garantizar justicia para las víctimas, el debido proceso y reglas claras para quienes ejercen el periodismo, la opinión pública y la fiscalización democrática.
Debate
A pesar de su aprobación, el nuevo Código Penal (Ley 74-25) sigue generando debates, ya que diversos sectores han pedido que se retrase su puesta en marcha, al considerar que su entrada en vigor en las próximas semanas podría generar graves trastornos en el sistema de justicia, debido a las deficiencias que contiene el texto aprobado.
La modernización de los delitos y su choque con derechos fundamentales ha encontrado rechazado en algunos sectores. Las principales fricciones se centran en los límites de la libertad de expresión, los plazos para investigar la corrupción y el aborto.
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