Olivo Rodríguez Huertas. (Foto: fuente externa)
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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El experto en derecho administrativo Olivo Rodríguez Huertas consideró que la democracia dominicana muestra señales de solidez formal, con elecciones regulares, alternancia parcial y un marco constitucional vigente. Sin embargo, advirtió importantes fragilidades, entre ellas la captura parcial de instituciones por intereses particulares, el déficit de transparencia y una creciente desconfianza ciudadana hacia los órganos de control.
Entrevistado en el programa McKINNEY, por Color Visión, el jurista afirmó que la fortaleza democrática debe medirse no solo por los procedimientos electorales, sino también por la independencia y efectividad de los mecanismos de control y la calidad del servicio público.
En ese sentido, reclamó una verdadera carrera administrativa profesionalizada y basada en el mérito para reducir el clientelismo. Asimismo, criticó la rotación política de cargos y la ausencia de sistemas objetivos de evaluación y capacitación que garanticen estabilidad, eficiencia y continuidad técnica en la administración pública.
Consultado sobre el crecimiento del empleo estatal, sostuvo que existe un abultamiento de la nómina pública, con plazas redundantes y personal sin funciones claras. Por ello, propuso realizar auditorías laborales, reubicar al personal según sus competencias y desvincular, mediante procesos transparentes, a los empleados sin funciones definidas, además de implementar programas de reconversión laboral.
Rodríguez Huertas también cuestionó el papel de la Cámara de Cuentas por no realizar auditorías integrales sobre partidas como las pensiones públicas ni ejercer una supervisión profunda en instituciones estratégicas como la UASD. Asimismo, afirmó que los órganos de control carecen de independencia, recursos y coordinación, por lo que planteó reformas para fortalecerlos.
Sobre el denominado caso Senasa, atribuyó su origen a fallas en los controles internos, procesos de adquisiciones poco competitivos y la falta de fiscalización periódica, por lo que pidió investigaciones exhaustivas y reformas al sistema de compras públicas.
Finalmente, advirtió sobre los riesgos del financiamiento ilícito en la política y de la influencia del crimen organizado en los procesos electorales, al considerar que ambas prácticas debilitan la democracia y la confianza ciudadana. En ese contexto, llamó a fortalecer los mecanismos de fiscalización, la inteligencia electoral y la normativa penal para impedir la infiltración de redes criminales en la actividad política.
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