SANTO DOMINGO.– La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago han revelado complejos y crueles mecanismos que integraban el modus operandi de la supuesta red de corrupción desmantelada mediante la «Operación Onco14», a la cual se le acusa de desviar más de RD$148 millones destinados a la salud oncológica de la región norte.
Según el expediente del órgano persecutor, la estructura criminal encabezada por el ex presidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, Héctor Antonio Lora Cruceta, junto a su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez y su actual pareja Luisa Yasiris Guzmán de Lora, convirtió la institución sin fines de lucro en un negocio familiar altamente lucrativo mediante la ejecución sistemática de las siguientes maniobras delictivas:
Falsificación de recetas y alteración de indicaciones médicas
En el dispositivo de solicitud de medidas de coerción, el órgano persecutor establece que la red llegó al extremo de crear de manera clandestina un «Departamento de Cambio de Indicaciones Médicas», operado por personal administrativo no calificado.
En dicho espacio, se utilizaban sellos médicos falsificados de diversos especialistas para alterar las recetas originales de pacientes que provenían de centros privados.
El objetivo era añadir de forma fraudulenta estudios costosos y procedimientos no solicitados por los médicos tratantes para abultar las facturas que luego eran cobradas al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Fraude farmacéutico y dosificación incompleta a pacientes
Una de las prácticas más inhumanas descritas por el Ministerio Público consistía en el manejo de los medicamentos de alto costo para la quimioterapia.
Según la acusación, el personal de farmacia, bajo las directrices de la red, dividía un solo frasco de medicamento entre dos pacientes distintos. Con esto, suministraban dosis incompletas que ponían en riesgo la efectividad del tratamiento, pero le facturaban a Senasa el valor del frasco completo por cada paciente.
Señala que se prohibió la entrega gratuita de medicamentos donados para obligar a los pacientes a comprarlos en la farmacia del Patronato. Si los fármacos de alto costo no se comercializaban, preferían dejar que se vencieran antes de entregarlos sin costo.
Sostiene que la red facturaba a la aseguradora estatal medicamentos biológicos originales, pero despachaba a los enfermos versiones genéricas de menor costo.
Privatización de áreas públicas y uso estético
La red eliminó la disponibilidad de habitaciones comunes destinadas a los afiliados del régimen subsidiado de Senasa para convertirlas en habitaciones privadas por las que cobraban altas sumas de dinero en efectivo, afirma el Ministerio Público.
Según la entidad, esto obligaba a los pacientes de escasos recursos a permanecer en listas de espera indefinidas o a recibir sus quimioterapias en pasillos y áreas de emergencias, expuestos a bacterias críticas para su condición.
«De manera insólita, la habitación oncológica 204 fue reservada exclusivamente para el uso privado de cirugías estéticas particulares».
Lavado de activos y triangulación financiera
En su solicitud de medidas de coerción, el Ministerio Público argumenta que el dinero sustraído era blanqueado a través de un esquema societario familiar.
Señala que el control financiero del Patronato fue externalizado a la firma contable de la imputada Dilcia Isabel Vargas Sánchez, desviando más de RD$100 millones bajo conceptos de supuestas igualas de auditoría y gestión de cobros.
Asimismo, se acusa a la actual esposa de Lora Cruceta de haber utilizado la Fundación Tócate RD como pantalla para recibir fondos del Patronato y desviar recursos con los que costeaba actividades artísticas personales, además de figurar en la nómina con un sueldo simulado.
Extorsión a proveedores y contrabando
El modus operandi descrito en la acusación también afectaba el área comercial. Lora Cruceta extorsionaba de forma directa a proveedores de medicamentos (como la empresa Sean Dominican, SRL), exigiéndoles un «retorno» o comisión en efectivo de entre el 12.5% y el 25% por cada factura liquidada.
Adicionalmente, utilizaban las exoneraciones fiscales del Patronato para importar de contrabando masivos cargamentos de papel fotográfico y tintas, mercancía que luego desviaban y vendían en el mercado informal externo a través de empresas vinculadas.
Sabotaje final para ocultar evidencias
El Ministerio Público resalta que una vez los imputados supieron que estaban bajo una auditoría y posterior investigación fiscal, ejecutaron un sabotaje informático total. Los encartados borraron deliberadamente todos los registros digitales y contables del sistema de la institución con el objetivo de eliminar las huellas del desfalco y obstruir la acción de la justicia, razón por la cual se ha solicitado que el caso sea declarado estrictamente complejo.
