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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El Colectivo Migración y Derechos Humanos (CMDH) informó que entregó este lunes más de 1,000 firmas al presidente Luis Abinader para exigir la eliminación del protocolo migratorio aplicado en hospitales públicos, una medida que permite verificar el estatus migratorio de pacientes extranjeros y coordinar con las autoridades migratorias en determinados casos.
La organización acudió al Palacio Nacional acompañada de representantes de diversas entidades sociales y de derechos humanos para solicitar la derogación inmediata de la disposición, al considerar que afecta el acceso a los servicios de salud de poblaciones vulnerables.
Durante la entrega del documento, los representantes del colectivo afirmaron que los hospitales deben mantenerse como espacios seguros donde prevalezcan el derecho a la salud, la atención médica oportuna y la protección de la vida humana, sin importar la condición migratoria de las personas.
La comisión estuvo integrada por Pablo Mella, del Centro Montalvo; Abraham Apolinario, de Cáritas Arquidiocesana; Yildalina Tatem; Lía Concepción, del Colectivo Migración y Derechos Humanos; y la periodista Ana Mitila Lora.
El CMDH sostuvo que la presencia de agentes migratorios en centros hospitalarios genera temor entre pacientes extranjeros, especialmente mujeres embarazadas, niños y personas de ascendencia haitiana, lo que podría provocar que eviten acudir a recibir atención médica.
“Una sala de partos no es lugar para desarrollar la política migratoria. Cuando una mujer embarazada, una madre recién parida o una familia con niños evita ir al hospital por miedo, se está poniendo en riesgo la vida y la salud pública”, expresaron los representantes de la organización.
La iniciativa cuenta con el respaldo de más de 70 organizaciones, entre ellas Cáritas Arquidiocesana, Participación Ciudadana, Casa Abierta, CIPAF, CONAMUCA, CE-MUJER, Foro Ciudadano, Médicos del Mundo y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
El colectivo reconoció la facultad del Estado para gestionar la política migratoria, pero insistió en que los controles migratorios no deben realizarse en espacios destinados a preservar la vida y la salud.
Asimismo, solicitó al Gobierno retirar el protocolo, sacar a los agentes migratorios de los hospitales públicos y abrir un proceso de diálogo con organizaciones sociales, personal sanitario y organismos de derechos humanos para discutir alternativas que, a su juicio, permitan conciliar la gestión migratoria con el respeto a los derechos fundamentales.
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