El Ministerio Público acusa al expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, Héctor Lora Cruceta, de gestionar y ejecutar importaciones masivas de papelería, tintas, impresoras y equipos, utilizando las exoneraciones fiscales de la institución para posteriormente realizar una presunta triangulación comercial que habría movilizado más de 887 millones de pesos.
De acuerdo con el expediente de solicitud de medidas de coerción, Lora Cruceta importaba los insumos a través del patronato y luego los vendía a la empresa Gestión Integral Tecnológica a precios supuestamente subvaluados. Posteriormente, esa compañía revendía los mismos materiales al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer.
Según las autoridades, estas operaciones pusieron en riesgo las finanzas de la entidad durante la gestión del imputado.
El Ministerio Público también le atribuye el cobro de comisiones ilegales a proveedores del patronato, quienes presuntamente debían entregarle entre un 12 % y un 25 % de los montos facturados y pagados por la institución.
Entre los casos señalados figura el de la empresa suplidora de medicamentos C&D. El expediente indica que las órdenes de compra emitidas a favor de esa compañía carecían de las firmas del personal autorizado, no contaban con constancias de entrega de medicamentos y tampoco identificaban a los pacientes beneficiados con los fármacos.
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Las autoridades sostienen que, para ocultar esas operaciones, Lora Cruceta recibía fondos mediante cheques que eran presentados como supuestas donaciones realizadas por la empresa C&D.
De acuerdo con la acusación, esa práctica, descrita como coercitiva, extorsiva y reiterada, permitió que el imputado recibiera más de seis millones y medio de pesos.
El expediente recuerda, además, que, en octubre de 2025, Lora Cruceta se negó a abandonar las instalaciones del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer tras ser destituido del cargo en medio de denuncias de presuntas irregularidades.
Las autoridades también afirman que, antes de abandonar la institución, el exfuncionario, su esposa y su expareja eliminaron registros digitales del patronato, provocando un sabotaje total de los sistemas informáticos de la entidad, con el supuesto propósito de obstaculizar la trazabilidad de las operaciones realizadas durante su gestión.
Aunque la solicitud de medidas de coerción fue presentada contra Héctor Lora Cruceta, su esposa y su expareja, la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la magistrada Mirna Ortiz, advirtió que todos los miembros de la Junta Directiva del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer correspondientes al período 2018-2025 se encuentran bajo investigación.
