SANTIAGO.- La jueza Yiberty Polanco, del Tribunal de Atención Permanente de Santiago, se reservó para el próximo viernes, a las 2:30 de la tarde, el fallo sobre la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra diez imputados vinculados a la Operación XL526.

Durante la audiencia, los abogados de la defensa solicitaron la puesta en libertad de sus representados y la nulidad de las imputaciones, argumentando presuntas violaciones al debido proceso y falta de pruebas que sustenten las acusaciones formuladas por el órgano persecutor.

Defensa pide libertad y nulidad

Entre los principales imputados figuran Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte, señalados como presuntos cabecillas de la red.

Collage de rostros en fichas institucionales con siglas PGR y JCE, vinculado a noticia en desarrollo
Montaje de varias fichas con rostros y siglas de instituciones dominicanas.

Los imputados forman parte de una investigación relacionada con una supuesta estructura criminal dedicada a cometer estafas, extorsiones y chantajes contra residentes en Estados Unidos, actividades que presuntamente generaban fondos que luego eran sometidos a procesos de lavado de activos para ocultar su origen ilícito.

Operación XL526 y alcance del caso

La Operación XL526 permitió el arresto de 20 personas y se ejecutó mediante 28 allanamientos realizados en las provincias Santiago y Puerto Plata, con la participación de 35 fiscales y el apoyo de organismos nacionales e internacionales de investigación.

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Allanamientos en Santiago y Puerto Plata

Según las autoridades, la organización tenía su centro de operaciones en el municipio de Jacagua, en Santiago, y estaba integrada por personas con dominio del idioma inglés que utilizaban herramientas tecnológicas para captar víctimas mediante anuncios publicitarios. Posteriormente, las sometían a extorsión y chantaje, haciéndose pasar por miembros de organizaciones criminales para intimidarlas y exigirles dinero.

El Ministerio Público sostiene que los recursos obtenidos eran movilizados a través de criptomonedas, transferencias electrónicas, depósitos y otros mecanismos financieros, con el propósito de dificultar el rastreo de los fondos y dar apariencia de legalidad a las ganancias obtenidas.

  • La decisión de la jueza sobre las medidas cautelares que deberán enfrentar los acusados será dada a conocer el próximo viernes.
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