Las autoridades colombianas tienen información de inteligencia sobre posibles disturbios y acciones violentas tras la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, una de las principales amenazas identificadas para el proceso electoral, alertó este viernes el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.
Respecto a posibles disturbios violentos, tenemos información de inteligencia de que podrían llegar a ocurrir y es de las amenazas más importantes que tenemos», afirmó el ministro al referirse a los riesgos identificados por las autoridades de cara a la jornada electoral y a los días posteriores al anuncio de los resultados.
La advertencia del ministro se produce a nueve días de las elecciones en las que se enfrentarán el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella y el aspirante de la izquierda Iván Cepeda, tras obtener en la primera vuelta 10,3 millones de votos (43,74 %) y 9,7 millones (40,90 %), respectivamente.
Según Sánchez, esos eventuales hechos pueden provenir «de cualquier sector» político o de simpatizantes radicalizados de ambas campañas.
El ministro señaló que, además de la violencia física, las autoridades están preocupadas por la difusión de información falsa que pueda exacerbar las tensiones políticas.
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- «Después de la desinformación viene ya el tema de la acción violenta de algunas personas, por ello es clave atacar ambos», manifestó.
Ante ese escenario, el ministro colombiano anunció que el Gobierno pondrá en marcha desde el próximo martes un Puesto de Mando Unificado (PMU) de seguridad, varios días antes de la votación, con el objetivo de anticipar eventuales riesgos.
Asimismo, indicó que tras la instalación del PMU se activará un centro de monitoreo cibernético para vigilar redes sociales y detectar posibles amenazas.
Sánchez hizo, además, un llamado a los dirigentes políticos, organismos de control y ciudadanos a promover un lenguaje respetuoso durante la recta final de la campaña.
La campaña presidencial colombiana ha estado marcada por denuncias cruzadas sobre supuestas irregularidades electorales, cuestionamientos a la financiación política y acusaciones sobre eventuales riesgos para la transparencia del proceso.
Las autoridades han reiterado que mantienen coordinación con la Registraduría, la Fuerza Pública y los organismos de control para garantizar la seguridad de los comicios y la preservación del orden público antes, durante y después de la elección.
