SANTO DOMINGO.-El reciente anuncio del Gobierno sobre su intención de aplicar gravámenes a los cigarrillos electrónicos y los dispositivos de vapeo (vapes) ha generado una ola de reacciones divididas entre diversos sectores de la sociedad, enfrentando las metas de recaudación estatal con las quejas de comerciantes y consumidores.
Por un lado, propietarios de tiendas especializadas (vape shops) y usuarios habituales de estos dispositivos manifestaron su rechazo a la medida, argumentando que el incremento en la carga impositiva afectará directamente los costos de operación de los comercios formales y elevará los precios para el consumidor final.
Asimismo, algunos representantes del sector señalan que un impuesto excesivo podría incentivar el mercado informal y el contrabando de estos productos.
En contraste, defensores de la iniciativa estatal e instituciones vinculadas a la salud pública se han pronunciado a favor del arbitrio.
Quienes respaldan la medida sostienen que el Estado no solo obtendrá recursos económicos necesarios para el presupuesto público, sino que el impuesto podría funcionar como un mecanismo desincentivador para el consumo de estos dispositivos, especialmente entre la población joven.
Hasta el momento, las autoridades económicas mantienen la propuesta dentro del paquete de medidas orientadas a captar nuevos ingresos fiscales, mientras el debate entre la sostenibilidad comercial y la regulación impositiva continúa en la opinión pública.
