La diputada por la provincia Puerto Plata, doctora Lidia Esther Pérez de Taveras,
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SANTO DOMINGO. – La diputada por la provincia Puerto Plata, doctora Lidia Esther Pérez de Taveras, depositó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que modifica varios artículos del nuevo Código Penal con el propósito de fortalecer la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho ciudadano a la crítica y la denuncia.
La iniciativa legislativa busca reformar los artículos 121, 122, 123, 208, 209, 210, 309, 310 y 311 de la Ley núm. 74-25, al considerar que su redacción actual podría abrir espacio para sanciones penales contra opiniones, críticas políticas, publicaciones periodísticas o expresiones ciudadanas de interés público.
La propuesta complementa un proyecto sometido el pasado 6 de mayo sobre Garantías de la Libertad de Expresión, Libertad de Prensa y Prohibición de la Censura Previa, con el que la legisladora inició una agenda orientada a reforzar las garantías democráticas en el país.
Dos iniciativas para proteger derechos fundamentales
Según explicó Pérez, ambas piezas legislativas persiguen un objetivo común: garantizar que ningún dominicano sea perseguido penalmente por opinar, denunciar, fiscalizar, ejercer el periodismo o participar en debates sobre asuntos de interés público.
“Ningún dominicano debe ir preso por opinar. Quien difama con mentira deliberada debe responder ante la justicia; quien acosa de verdad debe ser sancionado con firmeza. Pero la crítica, la denuncia y el periodismo no son delitos: son la democracia funcionando”, afirmó la congresista.
La diputada sostuvo que las reformas no buscan eliminar sanciones contra conductas dañinas, sino precisar la legislación para castigar los abusos reales sin afectar la libertad de expresión ni el ejercicio de la prensa.
Fin de la cárcel por difamación e injuria
Entre los cambios más relevantes figura la modificación de los artículos 208 y 210, mediante la cual se sustituirían las penas de prisión por multas y medidas de reparación proporcional en los casos de difamación e injuria.
La propuesta incorpora además el criterio de dolo, estableciendo que cuando una expresión se refiera a funcionarios públicos, candidatos o asuntos de interés público, solo habrá responsabilidad si se demuestra que la información fue difundida sabiendo que era falsa o con evidente desprecio por la verdad.
Asimismo, plantea eliminar del ámbito penal las expresiones críticas dirigidas a funcionarios públicos, sustituyendo los actuales tipos de ultraje por sanciones enfocadas exclusivamente en amenazas graves, reales y verificables.
Precisan delitos de acoso y ciberbullying
La iniciativa también modifica los artículos 121, 122 y 123 para exigir que los delitos de acoso, hostigamiento y ciberbullying impliquen conductas reiteradas, graves e injustificadas, capaces de provocar un daño real y comprobable.
El proyecto excluye expresamente de estas figuras las opiniones, sátiras, críticas y denuncias relacionadas con asuntos de interés público, al tiempo que mantiene penas severas para quienes afecten a menores de edad o divulguen contenido íntimo sin consentimiento.
Igualmente, se conservan sanciones más rigurosas cuando las conductas de acoso provoquen consecuencias graves o desenlaces fatales previsibles.
Mantienen castigos para amenazas y chantajes
La legisladora aclaró que las reformas no implican impunidad frente a delitos reales. Por el contrario, las modificaciones mantienen sanciones estrictas para la difamación extorsiva, el chantaje digital, las amenazas con armas o violencia y las acciones vinculadas al crimen organizado.
Pérez señaló que el propósito es diferenciar claramente entre conductas criminales y el ejercicio legítimo de derechos fundamentales, evitando interpretaciones que puedan derivar en persecución penal de periodistas, activistas o ciudadanos.
“Prefiero que el Congreso precise nueve artículos hoy, a que el Tribunal Constitucional los anule mañana y dejemos a las víctimas sin protección y a los ciudadanos sin certeza jurídica”, expresó.
Apoyo a estándares internacionales
La diputada recordó que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA han recomendado que los delitos relacionados con la expresión no sean castigados con prisión.
Asimismo, destacó que el Ministerio Público dominicano estableció en 2023 el criterio de que no toda expresión ofensiva en redes sociales debe ser objeto de persecución penal.
Junto al proyecto, la legisladora depositó una matriz comparativa con la redacción vigente de los artículos cuestionados, las modificaciones propuestas y su respectiva fundamentación jurídica, documento que será compartido con legisladores, juristas, universidades, gremios periodísticos y organizaciones de la sociedad civil.
“Defender a las víctimas no puede significar silenciar ciudadanos. El país necesita reglas claras: cárcel para quien amenaza, chantajea o acosa de verdad; garantías para quien opina, denuncia, fiscaliza o informa”, concluyó Pérez.
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