SANTO DOMINGO.-El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 25-26, una legislación que crea la Alerta Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en la República Dominicana y establece el sistema “Alertas RD”.
El nuevo marco legal elimina de forma definitiva el requerimiento burocrático de esperar 24 horas para iniciar los rastreos, obligando a la Policía Nacional y al Ministerio Público a activar los protocolos de localización de manera inmediata tras recibir la denuncia vecinal o familiar.
Esta normativa busca mitigar las falencias históricas de respuesta estatal ante casos de vulnerabilidad extrema, involucrando de manera obligatoria a medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales en la difusión masiva de los perfiles de los ciudadanos ausentes.
Para garantizar una respuesta especializada según las condiciones de la víctima, la legislación introduce cuatro categorías de contingencia médica y social inspiradas en modelos internacionales.
El sistema desplegará la Alerta Amber ante la ausencia de niños, niñas y adolescentes; la Alerta Silver para localizar a adultos mayores; la Alerta Azul enfocada en personas con discapacidad cognitiva o físico-motora; y la Alerta Rosa, diseñada exclusivamente para rastrear a mujeres desaparecidas en contextos de violencia de género o presunta trata de personas.
Cada aviso emitido tendrá una vigencia inicial de cinco días calendario, los cuales podrán ser prorrogados de forma indefinida mientras persista el estado de desaparición.
La operatividad del sistema se sustentará en el nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas, una base de datos centralizada y administrada por la Policía Nacional que recopilará fotografías, historiales clínicos, rasgos biométricos y bitácoras de búsqueda en tiempo real.
Asimismo, la ley crea el Consejo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, un órgano superior adscrito al Ministerio de Interior y Policía que articulará las acciones de contingencia en aeropuertos, terminales de autobuses, hospitales y pasos fronterizos.
Este consejo estará integrado por ministerios estratégicos y dependencias especializadas como la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Sistema 9-1-1, Indotel, Conani, Conape, Conadis, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Servicio Nacional de Salud (SNS).
La ley también fija un régimen de consecuencias penales y administrativas, contemplando drásticas sanciones para los servidores públicos que incurran en negligencia, dilación o incumplan con los deberes de actuación inmediata detallados en la normativa.
Las denuncias podrán realizarse de forma presencial o por vías telefónicas sin requerir formalidades legales complementarias y, una vez resuelto el caso, será obligatorio emitir una notificación oficial de cierre. Tras la promulgación efectuada por el jefe de Estado, el Poder Ejecutivo dispone de un plazo técnico de 90 días para redactar y publicar el reglamento operativo que pondrá en marcha la plataforma tecnológica y logística de «Alertas RD» a nivel nacional.
