Santo Domingo. — La presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Ligia Pérez Peña, aseguró este martes que la adolescente de 14 años hallada muerta en un hogar de paso ubicado en San Antonio de Guerra se encontraba alojada en un pabellón supervisado por dos guías y una custodia militar al momento del suceso.
La funcionaria explicó que la habitación donde residían unas 30 menores operaba bajo los protocolos de seguridad y supervisión establecidos por la institución para este tipo de centros de acogida temporal.
Pérez Peña reveló que alrededor de las 12:30 de la madrugada las dos guías asignadas al área se ausentaron momentáneamente para recibir a una adolescente trasladada al hogar de paso por agentes de la Policía Nacional, luego de ser puesta bajo protección.
Asimismo, respondió, durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, a los cuestionamientos planteados por familiares de la menor fallecida sobre las razones por las que permanecía bajo tutela estatal.
Según explicó, la adolescente había estado hospitalizada antes de su ingreso a Conani y fue el propio centro de salud el que notificó al Ministerio Público sobre una situación de vulnerabilidad vinculada a uno de sus familiares.
“La niña estuvo previamente hospitalizada antes de su ingreso a Conani. El centro informó al Ministerio Público una situación de vulnerabilidad relacionada con uno de sus familiares, y por esa razón el Ministerio Público determinó que no debía ser reintegrada a su núcleo familiar hasta que concluyeran las investigaciones correspondientes”, afirmó.
Investigación en curso
El Ministerio Público, junto con los organismos de investigación competentes, concentra sus esfuerzos en determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho, así como los niveles de responsabilidad, el cumplimiento de los protocolos de seguridad y las actuaciones del personal que se encontraba de servicio durante el turno en que se registró el incidente.
Las pesquisas también abarcan la revisión de los mecanismos de vigilancia y protección interna del centro, cuya seguridad recae tanto en personal civil como en el cuerpo de seguridad institucional asignado a estas instalaciones.
Hasta el momento, las autoridades mantienen el expediente bajo reserva para proteger la identidad de la víctima y preservar la integridad de las investigaciones. Entre las evidencias recopiladas figuran las actas de supervisión del personal responsable, así como las bitácoras correspondientes al puesto militar destacado en el lugar.
Por su parte, Conani manifestó su disposición de colaborar plenamente con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y con las autoridades judiciales para esclarecer de manera objetiva, transparente y científica las causas del fallecimiento de la adolescente.
