Nacionales. – El Ministerio Público solicitó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, la imposición de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra doce hombres acusados de integrar una presunta estructura criminal dedicada al tráfico internacional, comercialización y posesión ilegal de armas de fuego en el país. La solicitud se produce tras el desmantelamiento de la red durante una serie de operativos realizados el pasado viernes.
Según el órgano acusador, la petición está sustentada en más de 50 elementos de prueba, entre ellos evidencias documentales, periciales, materiales y testimoniales que vinculan a los imputados con las actividades ilícitas investigadas. Las autoridades consideran que la magnitud de los hechos, el número de involucrados y el volumen de pruebas recopiladas justifican tanto la medida de coerción como la complejidad del proceso judicial.
La investigación, encabezada por el Ministerio Público, se originó tras el arresto en flagrante delito de Brayan Jesús Gil Pérez en diciembre de 2025, en el sector Miraflores del Distrito Nacional. A partir de ese caso, los fiscales desarrollaron labores de inteligencia, análisis forenses, seguimientos e interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente, logrando identificar la presunta participación de varios individuos en una red dedicada a introducir y distribuir armas de fuego de manera clandestina en territorio dominicano.
Como resultado de las pesquisas, fueron ejecutados once allanamientos simultáneos en distintas localidades, durante los cuales las autoridades ocuparon armas cortas y largas, municiones de diversos calibres, cargadores de alta capacidad, accesorios tácticos, chalecos antibalas, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y vehículos presuntamente utilizados por la organización. Además, en algunos de los inmuebles intervenidos se encontraron sustancias narcóticas, incluyendo cocaína y marihuana, según certificó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
El Ministerio Público atribuye a los imputados presuntas violaciones al Código Penal Dominicano, la Ley 631-16 sobre Armas, la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Mientras avanza el conocimiento de las medidas de coerción, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance de las operaciones de la supuesta red criminal y posibles vínculos adicionales.
