EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó este martes en segunda lectura el proyecto que modifica la Ley 21-18 sobre Regulación de los Estados de Excepción, una iniciativa que crea un régimen de sanciones más amplio para castigar a quienes incumplan las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo durante estados de emergencia.
La pieza legislativa impulsada por el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Eugenio Cedeño, introduce más de 20 nuevos artículos con el objetivo de establecer consecuencias específicas para ciudadanos, comercios y empresas que violen las restricciones impuestas en situaciones excepcionales, algo que la legislación vigente no detalla de manera concreta.
Entre las principales sanciones contempladas en el proyecto se encuentran multas económicas, arrestos y retenciones temporales, así como cierres de negocios que operen en violación de las disposiciones oficiales durante un estado de excepción.
Además, la iniciativa clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, dependiendo del impacto causado a la salud pública, la seguridad y el orden público.
La legislación también establece sanciones para quienes desacaten restricciones de circulación, incumplan medidas preventivas de salud o seguridad, se resistan a las autoridades o agredan verbal o físicamente a agentes encargados de hacer cumplir las medidas excepcionales. De igual forma, contempla penalidades más severas en casos de reincidencia.
Otro aspecto relevante es que la propuesta otorga facultades operativas a la Policía Nacional y al Ministerio Público para ejecutar arrestos temporales y aplicar medidas preventivas dentro del marco legal establecido.
Asimismo, permite la suspensión temporal de actividades comerciales cuando se compruebe el incumplimiento reiterado de las disposiciones emitidas durante los estados de excepción.
Esta normativa busca llenar vacíos legales existentes desde la pandemia del COVID-19, cuando muchas restricciones fueron aplicadas mediante disposiciones administrativas sin contar con un régimen sancionador claramente definido en la ley.
Tras su aprobación en segunda lectura en la Cámara de Diputados, la iniciativa deberá continuar el trámite legislativo correspondiente pasando al Senado donde deberá agotar el mismo proceso para su eventual conversión en ley.
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