EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El proyecto de ley sobre la implementación del voto electrónico en la República Dominicana introduce una serie de mecanismos tecnológicos y de seguridad que buscan fortalecer la transparencia, la fiscalización y la confianza en los procesos electorales del país.
Entre las principales novedades de la iniciativa sometida por el diputado Elías Wessin Chávez, figura la creación de un sistema de respaldo físico verificable del voto (VIV), mediante el cual cada sufragio emitido electrónicamente generará un comprobante impreso que el elector podrá validar antes de ser depositado automáticamente en una urna sellada.
Con esta medida se procura garantizar una doble verificación entre los resultados digitales y físicos.
La propuesta también establece que el sistema de votación opere sin conexión a internet durante la jornada electoral, esto con el objetivo de reducir riesgos de hackeos, manipulaciones externas o interferencias tecnológicas.
Al centro Elías Wessin Chávez proponente sobre voto electrónico. (Video: Lidia Pinales).
Otro aspecto relevante es la obligatoriedad de realizar auditorías técnicas nacionales e internacionales antes y después de cada proceso electoral.
La normativa contempla además auditorías posteriores comparando los resultados electrónicos con los comprobantes físicos en al menos un 10 % de las mesas electorales.
Asimismo, dispone que el software utilizado cuente con un código fuente auditable por los partidos políticos acreditados, permitiendo que las organizaciones políticas puedan revisar y fiscalizar el funcionamiento del sistema.
La pieza legislativa también incorpora principios tecnológicos modernos poco comunes en la legislación electoral tradicional, como auditabilidad, trazabilidad, seguridad informática, verificabilidad física y transparencia tecnológica.
En materia de seguridad, plantea la separación física de redes, el uso de cifrado robusto, mecanismos de autenticación segura y registros de eventos o “logs” inalterables para reforzar la integridad del sistema.
Asimismo, los partidos, movimientos y agrupaciones políticas podrán designar técnicos para participar en simulacros, pruebas y validaciones del sistema, ampliando el control multipartidario sobre el proceso.
El proyecto también tipifica delitos tecnológicos electorales, considerando como crimen agravado la manipulación fraudulenta del sistema de votación y estableciendo sanciones por sabotaje informático vinculado a delitos de alta tecnología.
La propuesta busca crear un marco legal especializado para regular de forma integral el uso, control y fiscalización del voto electrónico en la República Dominicana, diferenciándose de anteriores intentos de automatización electoral en el país.
La normativa se encuentra bajo estudio en la Comisión Permanente de Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados, donde este lunes los comisionados sostuvieron un encuentro con representantes del órgano electoral, así como de los partidos políticos con el objetivo de escuchar sugerencias y opiniones sobre la misma.
Esta legislación busca incorporar el voto electrónico en el país, pese a que en el 2022 el Tribunal Constitucional (TC), anuló el uso de tecnologías en los procesos bajo los argumentos de que el voto automatizado vulnera el carácter directo y secreto del sufragio; pudiera generar discriminación contra personas con menor alfabetización tecnológica y aumenta el riesgo de que terceros intervengan en la emisión del voto.
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