Santo Domingo.- Más de 400 jueces de la República Dominicana protagonizaron este jueves un paro inusual para reclamar una serie de reivindicaciones, entre ellas, mejores salarios y la designación de más personal en el sistema judicial.

Al paro se sumaron 450 de los 737 jueces y 2.000 trabajadores judiciales, quienes recibieron el apoyo de gremios de abogados y fiscales.

Congregados en el exterior del Palacio de Justicia del Distrito Nacional, en el centro de la capital, los magistrados advirtieron de que este «es el inicio de un reclamo que no se parará hasta que sea escuchado, atendido y respondido con hechos concretos».

  • No podemos hablar de justicia verdadera donde quienes la sirven son tratados con indiferencia», añadieron en un comunicado leído a los medios de comunicación.

Reclamos de los jueces

Uno de los reclamos de los jueces es que se cubran las más de 500 plazas que permanecen vacantes desde hace años en el Poder Judicial, lo que ayudaría a disminuir la carga laboral, que los convocantes del paro califican de excesiva.

Apoyos y respuesta oficial

El paro contó con el respaldo del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), que demandó «soluciones urgentes ante la crisis» que, en su opinión, «afecta gravemente» al Poder Judicial dominicano.

El deterioro institucional del sistema judicial no solo afecta a los jueces y abogados; afecta directamente a toda la sociedad dominicana, porque pone en riesgo la seguridad jurídica y la confianza ciudadana en las instituciones», indicó en un comunicado el presidente de dicho gremio, Trajano Vidal Potentini.

También la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom) destacó el «legítimo derecho» de los jueces a manifestarse para reclamar mejores condiciones laborales, salariales e institucionales.

En la víspera, el Poder Judicial emitió un comunicado en el que garantizó «la continuidad del servicio judicial» este jueves, pese a la ausencia de los jueces, al tiempo que aseguró que «puso en marcha medidas concretas para fortalecer el personal y las infraestructuras del sistema, incluyendo la indexación salarial, la mejora de los espacios de trabajo, la movilidad en la carrera judicial y la agilización de suplencias y vacantes». 

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