Nueva Delhi.- Un documental sobre una supuesta infidelidad del presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu, ha derivado en redadas contra un medio local, dos periodistas encarcelados y otros dos procesados bajo una figura de la ley islámica que puede acarrear hasta 80 latigazos y casi dos años de prisión, en un archipiélago vendido al mundo como sinónimo de lujo y evasión.
El director ejecutivo del medio Adhadhu, Hussain Fiyaz Moosa, y su editor, Hassan Mohamed, colaborador de EFE en Maldivas, están siendo procesados por «qazf», la falsa acusación de adulterio o de relaciones sexuales ilícitas según la ley islámica.
Problemas en el paraíso
El documental «Aisha», publicado el 28 de marzo, consiste en una entrevista anónima con una funcionaria del Gobierno que afirma que sostuvo una relación extramarital con Muizzu y que el mandatario ejerció presiones sobre ella una vez terminada la relación.
El presidente ha negado las acusaciones y ha señalado al medio y a sus periodistas de actuar movidos por una venganza personal.
«Muizzu quiere encarcelarnos a Hassan y a mí para acabar con el estrecho espacio que queda para el periodismo de investigación en este país. Su deseo último es vernos azotados en público», dijo Fiyaz a EFE.
Otros dos periodistas del mismo medio fueron condenados la semana pasada tras una orden judicial que prohibía debatir públicamente el documental. Mohamed Shahzan recibió 15 días de cárcel por preguntar al mandatario sobre el caso en una rueda de prensa, y Leevan Ali Nasir fue sentenciado a 10 días por informar sobre la propia orden mordaza.
El presidente de la Asociación de Periodistas de Maldivas, Naif Ahmed, dijo a EFE que se trata de la primera vez desde la apertura democrática de 2008 que periodistas son encarcelados en virtud de una sentencia judicial en el país.
La ofensiva contra Adhadhu incluyó además una redada policial en su redacción el 27 de abril, la incautación de computadores y dispositivos, y prohibiciones de viaje contra Fiyaz y Hassan, dentro de una investigación abierta por las acusaciones contra el presidente.
El escándalo ha causado revuelo en la conservadora sociedad de Maldivas, un país oficialmente musulmán en el que el sexo fuera del matrimonio es ilegal para los locales, pero permitido para los miles de turistas que mantienen la economía de la nación a flote.
Se trata también de un golpe especialmente sensible para la imagen de Muizzu, quien durante su mandato se ha presentado como un hombre pío y ha promovido una agenda religiosa más conservadora en el archipiélago.
El precio de preguntar por Muizzu
Los cargos presentados contra los periodistas y la redada policial en la redacción de Adhadhu han provocado protestas en Malé y la condena de organizaciones internacionales.
Organizaciones como Human Rights Watch, Reporteros sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas enviaron una carta el 8 de mayo en la que pidieron al presidente cesar las «medidas policiales coercitivas contra el personal de Adhadhu».
«Estos acontecimientos parecen indicar que su gobierno está utilizando el sistema de justicia penal para intimidar a los periodistas y obstaculizar la cobertura de asuntos de interés público», indica el documento.
Tres expresidentes maldivos, Abdulla Yameen, Mohamed Nasheed, e Ibrahim Solih, y el actual alcalde de Malé, Adam Azim, han criticado las acciones contra los periodistas, mientras que el Ejecutivo defiende que se está protegiendo la reputación del presidente.
«La Policía de las Maldivas tiene razón al investigar y realizar una redada en el medio de comunicación a raíz de las falsas acusaciones (…) contra el presidente. La libertad de prensa está garantizada, pero no constituye un pase libre para destruir reputaciones con mentiras», declaró en X el ministro del Interior, Ali Ihusan.
Desde que Muizzu asumió la presidencia en 2023,su Gobierno ha endurecido el control sobre los medios de comunicación, utilizado la Ley de Libertad de Reunión para bloquear protestas y buscado restablecer la aplicación de la pena de muerte.
Hassan Mohamed afirma que no cree que reciba un juicio justo y que la reacción del Gobierno se debe a que Muizzu, quien este año ya sufrió dos derrotas electorales, siente que se le está escapando el poder.
«Tengo un sentimiento de miedo e inseguridad porque me confiscaron el pasaporte. Hemos enfrentado amenazas constantes por parte de personas asociadas con el Gobierno (…) Pero al final nunca nos rendiremos, no podemos ser silenciados», afirma.
Preguntado por EFE sobre qué cree que ocurrirá, respondió con resignación, «lo más probable es que seamos condenados y azotados en público».
