SANTO DOMINGO.– El magistrado Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso el pago de una garantía económica de 300 mil pesos e impedimento de salida del país contra el cronista deportivo Jaime Gabriel Vizcaíno, conocido como «Gabriel Deportes», acusado de violencia de género y agresión de tipo agravada en perjuicio de su expareja.
Al disponer la libertad del imputado, el tribunal dictó además una orden de alejamiento estricto de la víctima, la señora Macier Guerra Valenzuela, la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público y la asistencia obligatoria a charlas de orientación en el Centro de Intervención Conductual para Hombres de la capital.
Tras conocerse el dictamen de la medida de coerción, Guerra Valenzuela expresó públicamente su total inconformidad y desconfianza hacia el sistema judicial dominicano, manifestando que teme por su vida debido a que las restricciones impuestas no garantizan de forma real su seguridad física frente al agresor.
La querellante denunció formalmente haber sido víctima de múltiples y sistemáticos abusos físicos, verbales, psicológicos y sexuales por parte del comunicador, durante el tiempo que duró la relación sentimental como posterior a su separación definitiva, la cual ocurrió entre los meses de diciembre y enero pasados.
Según detalló la afectada con la asistencia legal de abogadas del Ministerio de la Mujer, el detonante que la obligó a reactivar el proceso judicial ocurrió el pasado viernes 8 de mayo, cuando Vizcaíno se presentó sin previo aviso en su residencia y utilizó bajo amenazas a la hija de ambos, de 10 años, para coaccionarla a retirar la denuncia original.
El arresto de «Gabriel Deportes» se ejecutó el pasado lunes mediante una orden de captura emitida originalmente en el año 2024, la cual permanecía engavetada e inactiva dentro de los archivos policiales hasta que la víctima acudió por cuenta propia a la Fiscalía de Bella Vista para verificar el estatus de su expediente.
La víctima denunció ante las autoridades judiciales que el estatus público y la alta presencia del agresor en los diferentes medios de comunicación nacionales funcionaban como un «escudo» mediático para anular su voz, invisibilizar el caso ante la opinión pública y mantenerla completamente sometida bajo amenazas.
