EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y dirigente político Paul Maldonado depositó ante el Senado de la República un anteproyecto de modificación constitucional con el objetivo de evitar permanencia indefinida de jueces y altos funcionarios judiciales.
El anteproyecto que fue recibido por los senadores de Santiago y Bahoruco contempla la modificación de los artículos 171, 180, 187 y 215 de la Constitución, con el fin de fijar plazos claros para los periodos de elección y ejercicio de funciones de los jueces de las altas cortes, así como del procurador general de la República y sus procuradores adjuntos.
De acuerdo con el proponente, el Consejo Nacional de la Magistratura únicamente establece la duración de los mandatos de estos funcionarios, pero no determina de manera precisa cuándo inician ni cuándo concluyen sus periodos, lo que genera un vacío constitucional.
“Se le está violentando la seguridad jurídica y la institucionalidad de esos funcionarios públicos que son designados por el Consejo Nacional de la Magistratura… En este momento hay 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia cuyo plazo de 11 años por el que fueron electos ya está caducado y aún están ocupando las plazas”, explicó.
El jurista realizó estas declaraciones durante una entrevista concedida al periodista Luis Brito en el programa “Tiempo de Noticias”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.
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Advirtió que esta debilidad puede generar conflictos de interés y cuestionamientos constitucionales sobre las decisiones emitidas por dichos jueces, argumentando que cualquier sentencia dictada por magistrados cuyo mandato haya expirado podría ser impugnada ante el Tribunal Constitucional.
“Uno de los objetos principales de la Constitución de la República es limitar el poder político, pero también es bueno que el poder político le coloque candado a los jueces”, comentó.
Durante la entrevista, Maldonado detalló que, en su propuesta, plantea que los jueces de la Suprema Corte de Justicia inicien sus funciones cada 7 de enero y concluyan ese mismo día al término de su periodo, coincidiendo con el Día del Poder Judicial.
Afirmó que esta medida fortalecería la seguridad jurídica y la institucionalidad, además de obligar al Consejo Nacional de la Magistratura a convocar con suficiente antelación las vistas públicas y el proceso de evaluación de los jueces que podrían ser ratificados o sustituidos.
En ese sentido, insistió en que establecer fechas fijas garantizaría el derecho a la participación en igualdad de condiciones para quienes aspiren a ocupar esas posiciones.
“En estos momentos no hay una fecha cierta, por eso hay una incertidumbre entre las personas que quisieran optar por esas plazas”, expresó.
Agregó, además, que este anteproyecto de ley va en consonancia con la transparencia y la ética que tanto promueve el gobierno de Luis Abinader.
“Queremos que esa omisión que tiene la Constitución sea verificada, sea modificada y confirmada para que la República Dominicana tenga una Constitución con más controles y más candados al mismo poder político”, reiteró.
Este anteproyecto no busca habilitación política
El abogado también aclaró que con este anteproyecto no busca promover una reforma para introducir la habilitación política de expresidentes, como se ha querido insinuar.
“Nada que ver. Yo he establecido que no tengo prisa con este anteproyecto de ley, porque sé que en cualquier momento en que la Asamblea Nacional sea convocada para conocer cualquier tema, este es un asunto obligatorio que debe conocerse e introducirse, porque es la misma Constitución la que lo manda”, expresó.
Agregó que actualmente tanto el constituyente como el propio Consejo Nacional de la Magistratura no están cumpliendo con lo establecido en la Constitución en relación con los plazos de los funcionarios de las altas cortes.
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