EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La representante de la Coalición por la Seguridad Social Digna, María Teresa Cabrera alertó sobre un supuesto de «profundizar la privatización» de la sistema de Seguridad Social con el proyecto que someterá el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional.
Cabrera denunció que el borrador que prepara el Gobierno contempla otras medidas que perjudican a la población, citando que se busca aumentar las cotizaciones y elevar a cinco años más la edad para que un trabajador pueda pensionarse.
En ese sentido, la también dirigente política resaltó que la reforma a la seguridad nacional que necesita el país es una que le ponga fin a la «lógica de negocios» que prevalece en la ley vigente.
Asimismo, subrayó que la actual normativa que rige el sistema de salud solo ha servido para aumentar el capital de aquellas entidades que manejan las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y Fondos de Pensiones (AFP) que son los dueños de los bancos comerciales.
«Entonces, si ha de hacerse una reforma tiene que ser para que el sistema de seguridad cumpla con lo funcional que es garantizar la protección social del pueblo dominicano», enfatizó.
Cabrera insistió en que el Gobierno debe someter una reforma integral que termine con la preocupación de las personas que tienen que enfrentarse a una enfermedad o tratamiento y se chocan con una realidad desalentadora que ya no cuentan con cobertura en sus seguros de salud.
También criticó que los seguros médicos no cubren medicamentos más allá de «calmantes o algo para la gripe porque la lógica es que los dueños de las empresas ganen cada vez más, no proteger a la gente».
El proyecto de reforma a la Ley 87-01 aún no ha sido depositado en la sede legislativa, pese a que hace unos días el ministro de Trabajo Eddy Olivares, informó que ya le estaban dando los toques finales.
Una vez depositado, el proyecto deberá ser estudiado por la comisión bicameral que ha sido apoderada de otras normativas donde se espera que genere un amplio debate debido a la relevancia del tema para la población.
La reforma a la Ley 87-01 ha sido una demanda recurrente de diversos sectores, que consideran necesario adecuar el sistema a las necesidades actuales y garantizar una protección social más justa, equitativa y eficiente para todos los ciudadanos.
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