SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó a un tribunal la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra tres personas arrestadas el pasado 9 de mayo mientras se desplazaban por la avenida Mella, del sector Andrés, del municipio Boca Chica, portando dos armas de fuego de manera ilegal.
Alexander Martínez Nolasco, de 18 años de edad, y Karla Julisa Rodríguez y Ashley Mariel Sánchez Victorino, conocida como “Masha”, ambas de 19 años, fueron arrestados en flagrante delito y posteriormente sometidos a la justicia.
La fiscal Zayra Soton, del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona de la Fiscalía de Santo Domingo Este, establece en la solicitud de medida de coerción que las armas fueron ocupadas en una yipeta marca Honda CRV, color blanco, que era conducida por Rodríguez, quien a su vez estaba acompañada por Sánchez Victoriano y Martínez Nolasco.
Durante una requisa al vehículo fueron encontradas dos armas de fuego tipo pistolas, calibre 9MM, ambas marcas Glock, la primera con su cargador y 04 cápsulas para la misma, y la segunda sin cargador. En medio de la palanca de los cambios también fue encontrado un cargador para pistola, color negro, con capacidad para 30 cápsulas, teniendo este dentro 10 cápsulas para el mismo.
El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica provisional de porte ilegal de armas de fuego, ilícito penal, tipificado y sancionado en los artículos 43-B, 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
El Ministerio Público sostiene que la medida de coerción más idónea a imponer a los imputados en este caso es la prisión preventiva, ya que estos no ofrecen garantía para presentarse a los actos del procedimiento, porque a pesar de contar con un domicilio conocido, dada la pena que podría imponérseles por los hechos penales por los que se le investiga, existe un alto riesgo de que intenten sustraerse al proceso.
El fiscal litigante Tito González representó al Ministerio Público en la audiencia.
La jueza Karen Casado Minyety, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, dispuso el aplazamiento de la audiencia para este 14 de mayo.
La solicitud de medida de coerción está sustentada con distintas pruebas documentales, testimoniales y materiales, incluyendo el acta de arresto en flagrante delito, así como las armas de fuego ocupadas y el vehículo en el que se desplazaban.
