SAN JOSÉ. – La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció este martes que impulsará una serie de reformas profundas al Poder Judicial, como parte de una estrategia nacional para reforzar la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en el país centroamericano.

La mandataria adelantó que convocó a una reunión en la Casa Presidencial con las principales autoridades judiciales para plantear cambios estructurales en la administración de justicia.

Reunión con altos funcionarios judiciales y agenda de reformas

Fernández confirmó que el próximo lunes se reunirá con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Hernández, la magistrada Patricia Solano, el fiscal general Carlo Díaz y el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

La mandataria afirmó que el objetivo es convertir el sistema judicial en una institución más eficiente y alineada con una “gran cruzada nacional contra el crimen organizado”.

Según explicó, las reformas buscan fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar la inseguridad y el narcotráfico, que han impactado al país en los últimos años.

Críticas al sistema judicial y discurso de mano dura

Fernández sostuvo que no permitirá que Costa Rica continúe con lo que calificó como un “desprestigio judicial”, en referencia a críticas sobre el funcionamiento del sistema de justicia.

La presidenta, de orientación política conservadora, asumió el cargo tras las elecciones del 1 de febrero y sucedió a Rodrigo Chaves, quien también mantuvo una postura crítica hacia el Poder Judicial.

Durante la administración anterior, el Gobierno señaló a la justicia como responsable de la inseguridad, alegando liberaciones tempranas de delincuentes y beneficios penitenciarios.

Antecedentes de violencia y aumento de homicidios

Costa Rica ha registrado en los últimos años un aumento significativo en los niveles de violencia y homicidios, atribuidos en gran parte a disputas entre bandas narcotraficantes.

En 2025, el país contabilizó 873 homicidios, una de las cifras más altas de su historia, con una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales.

Las autoridades han señalado que más del 60 % de los asesinatos están vinculados a ajustes de cuentas relacionados con el crimen organizado.

Política de seguridad y alianzas internacionales

El Gobierno costarricense ha reforzado sus estrategias de seguridad nacional, especialmente en la lucha contra el narcotráfico.

En ese contexto, Costa Rica ha estrechado la cooperación con Estados Unidos y se ha sumado a iniciativas regionales como el programa “Escudo de las Américas”, impulsado para combatir a los carteles de la droga.

  • Las autoridades aseguran que estas acciones forman parte de una estrategia integral para recuperar la seguridad ciudadana en el país.
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