Santo Domingo.- Dos presuntos antisociales, señalados como presuntos implicados en el asalto a la joyería Popi Oro, ocurrido el pasado 7 de marzo en el sector Cristo Rey, Distrito Nacional, fueron detenidos este sábado tras arribar al país en calidad de deportados desde Puerto Rico.
Se trata de los hermanos Wilner Rafael Solano García (El Mello Loco) y Wilmer Rafael Solano García (El Mello Sangriento), ambos de 22 años, quienes fueron entregados a las autoridades policiales dominicanas luego de su llegada por la terminal turística Sans Souci, a bordo de la embarcación Kydon, de la línea Ferries del Caribe.
El operativo fue realizado de manera coordinada entre la Dirección General de Migración, la Unidad de Repatriados del Ministerio Público y la Oficina Central Nacional INTERPOL Santo Domingo. Tras su desembarque, los detenidos fueron puestos bajo custodia de agentes del Departamento de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad de la Policía Nacional.
Asimismo, se contó con el respaldo y coordinación con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), por sus siglas en inglés, y Patrulla Fronteriza de Puerto Rico.
Cargos y órdenes
Ambos están siendo requeridos mediante órdenes judiciales de arresto por los delitos de asociación de malhechores, homicidio y robo a mano armada.
De acuerdo con las autoridades, contra los imputados pesa la orden No. 01399-2026, emitida el 17 de abril de 2026 por un juzgado de instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia, así como la orden No. 0053-MARZO-2026, emitida por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
Asimismo, figuraban en una notificación roja de búsqueda y captura internacional, lo que permitió su localización y posterior deportación.
Vínculo con el asalto
Las investigaciones vinculan a los detenidos con un hecho violento que dejó al menos una persona fallecida y varios afectados, incluyendo el asalto a mano armada en el establecimiento comercial en Cristo Rey.
Las autoridades informaron que los imputados serán presentados ante la jurisdicción competente para el conocimiento de las medidas de coerción correspondientes.
