Honduras activó este sábado un «protocolo de contingencia» para proteger a los pasajeros afectados por el cese de operaciones de la aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit, cuya salida supondrá un impacto económico de 4,7 millones de dólares anuales solo en tasas aeroportuarias para el país centroamericano.
La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) indicó en un comunicado que supervisará de forma «rigurosa» el cumplimiento de los reembolsos y las compensaciones legales.
- Para agilizar el proceso, la autoridad indicó que monitorea el portal digital exclusivo de la compañía para la gestión de reclamos, con el fin de garantizar la efectividad de las devoluciones.
Según el experto en conectividad aérea, Peter Fleming, la salida de Spirit Airlines del mercado hondureño supondrá un impacto económico de alrededor de 4,7 millones de dólares anuales solo en concepto de tasas aeroportuarias.
Señaló que el cese de operaciones de la compañía implica la cancelación de más de 24 frecuencias semanales hacia Estados Unidos, lo que debilita la oferta de vuelos internacionales desde la nación centroamericana.
- Fleming detalló que la medida se traducirá en una disminución de «más de 130 mil pasajeros al año» hacia el exterior.
“Este panorama refuerza la importancia de fortalecer la conectividad aérea como un eje estratégico para el desarrollo económico, la atracción de inversiones y el posicionamiento internacional de Honduras”, subrayó el experto, quien también advirtió sobre el impacto social por la pérdida de empleos directos e indirectos en las terminales aéreas.
Spirit sorprendió el viernes al anunciar que cesará operaciones después de que fracasara un acuerdo de rescate gubernamental de 500 millones de dólares.
En enero de 2024, un juez federal rechazó la oferta por 3 mil 800 millones de dólares al dictar que la unión reduciría la competencia y aumentaría las tarifas.
La aerolínea, con base en Florida, que continuó operando bajo la ley de quiebra, viajaba desde EE.UU. al Caribe y un gran número de destinos en Latinoamérica, entre ellos Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, Perú, México, Colombia y Costa Rica.
Anunció en agosto pasado que se acogió por segunda vez en un año a la ley de quiebra del país tras un fallido intento de reorganización. Su primera declaración de bancarrota fue en noviembre de 2024.
