Tegucigalpa.- La Corte Suprema de Justicia de Honduras autorizó este jueves la extradición a Estados Unidos de Joaquín Alvarado, un nacional reclamado por delitos de agresión sexual infantil.
La decisión fue adoptada por un juez de Extradición de Primera Instancia, tras finalizar la audiencia de presentación y evacuación de pruebas, detalló el Poder Judicial a través de la red social X.
Alvarado, de 38 años, es requerido por una corte del Distrito de Oklahoma y se le imputan los delitos de “violación en primer grado, actos lascivos o indecentes y abuso sexual infantil en perjuicio de menor de edad”, según el Tribunal Supremo.
Captura y proceso
El acusado fue capturado el pasado 10 de marzo en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho (este), en una operación de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden de captura emitida por un juez de extradición.
- Desde su detención, Alvarado cumple arresto provisional bajo «resguardo permanente las 24 horas», situación en la que permanecerá hasta que se concrete su entrega a las autoridades estadounidenses.
Hasta ahora no se conoce la fecha de su entrega a Estados Unidos, señaló el Tribunal Supremo, que precisó que la defensa de Alvarado dispone de tres días para decidir si presenta recursos legales para evitar su extradición.
Contexto y otro caso
Honduras mantiene un tratado de extradición vigente con Estados Unidos que, desde 2014, ha permitido la entrega de más de 60 ciudadanos reclamados por Washington, principalmente por delitos de narcotráfico y crimen organizado.
La extradición de hondureños a solicitud de otros países fue habilitada en 2012 a través de una reforma constitucional.
Caso del ciudadano ruso
En una resolución paralela, un juez hondureño ordenó este jueves la medida de prohibición de salida del país al ciudadano ruso Nikita Andreevich Kuleshin, quien es solicitado en extradición por la justicia de su país por presunto fraude y sustracción de bienes por medio de engaño.
El ciudadano ruso, de 39 años, fue capturado este miércoles en la ciudad de San Pedro Sula, norte del país, por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas, con apoyo de la Dirección de Inteligencia Policial y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado.
Durante la audiencia de información, el magistrado impuso a Kuleshin la prohibición de salir del país, la obligación de firmar ante el juzgado cada viernes y rendir un informe periódico ante la autoridad competente, según la resolución.
La defensa presentó al juez una certificación de la Dirección Nacional de Migración que acredita que Kuleshin goza de un permiso especial bajo la categoría de refugiado desde 2025.
