Quito.– La Contraloría de Ecuador implementó nuevos requisitos que obligan a los ciudadanos a entregar datos personales para acceder a las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos, una medida que ha generado fuertes críticas hacia el Gobierno del presidente Daniel Noboa.
El sistema ahora exige ingresar el número de documento de identidad, la fecha de expedición y un correo electrónico para poder realizar la consulta.
Tras la verificación, el acceso a la información queda limitado a datos generales, sin detalle sobre los bienes específicos de los funcionarios.
Acceso restringido y debate sobre transparencia
Con el nuevo esquema, solo se puede visualizar el tipo de declaración, la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP), así como el total de activos, pasivos y patrimonio.
El sistema elimina la posibilidad de conocer el desglose de los bienes declarados, lo que ha generado preocupación entre sectores que defienden la transparencia pública.
La organización Usuarios Digitales advirtió que la medida podría afectar el acceso a información pública, especialmente en contextos de control ciudadano.
Reacciones políticas y cuestionamientos
El expresidente Rafael Correa calificó la decisión como una posible “fuente de corrupción” y cuestionó la actuación del contralor, a quien pidió rendir cuentas ante la justicia.
Según Correa, la restricción del acceso a información patrimonial debilita los mecanismos de control sobre los funcionarios públicos.
En paralelo, la organización Usuarios Digitales alertó sobre el impacto de exigir datos personales para acceder a información de carácter público.
Justificación institucional y cambios recientes en el Gobierno
La Contraloría defendió la medida argumentando la necesidad de proteger los datos personales y mejorar el rendimiento del sistema ante el aumento de consultas.
El organismo explicó que la decisión fue adoptada mediante un acuerdo interno para optimizar la plataforma digital de acceso.
Las declaraciones patrimoniales juradas son documentos obligatorios donde los funcionarios reportan bienes, ingresos y deudas como parte de los mecanismos de control estatal.
Contexto político y cambios en el gabinete
La polémica surge días después del anuncio del presidente Noboa sobre la designación de Jaime Bernabé Erazo como nuevo ministro de Salud.
El nombramiento sustituyó a la vicepresidenta María José Pinto, cuya gestión fue criticada por la falta de insumos y medicamentos en hospitales públicos.
Erazo había asumido previamente la dirección del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en 2024, aunque su gestión duró solo 27 días.
- Su salida estuvo vinculada a cuestionamientos sobre la falta de declaración de participación en empresas proveedoras de servicios médicos.
Además, medios locales reportaron que mantenía un impedimento para ejercer cargos públicos por deudas con el IESS, situación que fue resuelta tras su reciente designación.
