EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), a través de su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, valoró como un acto de prudencia institucional la decisión de dejar sin efecto la resolución administrativa que dispondría un aumento de beneficios a miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
La entidad consideró que esta medida se ajusta a los principios constitucionales que rigen el Estado de derecho, luego de que la referida resolución generara cuestionamientos por su posible contradicción con el orden constitucional, especialmente en lo relativo a la regulación del gasto público y el rol de los órganos de control.
Finjus explicó que el núcleo del debate se centra en la naturaleza del órgano emisor. En ese sentido, recordó que la Cámara de Cuentas, como ente superior de control externo del Estado, tiene la responsabilidad de fiscalizar el uso de los recursos públicos y garantizar la transparencia administrativa.
“Cualquier disposición que implique un beneficio económico directo para sus propios miembros debe observar estrictamente los principios de legalidad, razonabilidad y control del gasto”, sostuvo Castaños Guzmán en un comunicado.
La organización advirtió que la adopción de medidas que incidan en las remuneraciones o beneficios de sus integrantes, sin una habilitación normativa expresa, puede interpretarse como una extralimitación funcional y una afectación al principio de juridicidad.
Asimismo, destacó que el orden constitucional dominicano se fundamenta en la separación de poderes y en mecanismos de control, por lo que decisiones administrativas de este tipo podrían comprometer la imparcialidad y generar conflictos de interés.
En cuanto al manejo de los recursos públicos, Finjus resaltó la importancia del principio de racionalidad del gasto, vinculado al deber de la buena administración, el cual exige que los fondos del Estado sean gestionados con criterios de eficiencia, transparencia y responsabilidad.
La entidad también enfatizó que la legitimidad de las instituciones públicas descansa en la confianza ciudadana, la cual puede verse afectada cuando órganos fiscalizadores adoptan decisiones que podrían percibirse como beneficiosas para sí mismos.
Consideró que la revocación de la resolución no solo es jurídicamente pertinente, sino constitucionalmente necesaria, al evitar posibles vulneraciones a los principios de legalidad, imparcialidad, control del gasto y separación de funciones.
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