EL NUEVO DIARIO, HIGÜEY.- El obispo de la diócesis de Higüey, monseñor Castro Marte, denunció este lunes presuntos casos de violación sexual contra menores de edad en la zona turística de Verón-Punta Cana, alertando sobre un clima de silencio e impunidad que rodea estos hechos.
El prelado, a través de su cuenta en la red social X, expresó preocupación ante «la marejada del silencio y la vergüenza» que, a su juicio, oculta graves situaciones que involucran a ciudadanos de distintas nacionalidades, agravando la problemática en una de las principales áreas turísticas del país.
Monseñor Castro Marte enfatizó que estos actos constituyen una violación al artículo 135 de la Ley No. 74-25 del Código Penal Dominicano, que sanciona los delitos sexuales, especialmente cuando las víctimas son menores, calificándolos de «inaceptables».
Ante esta situación, el obispo hizo un llamado enérgico a las autoridades competentes, incluyendo al Ministerio Público y a los organismos de investigación, para que actúen con celeridad y profundidad en el esclarecimiento de los casos denunciados, garantizando que los responsables enfrenten todo el peso de la ley.
“El silencio no puede convertirse en cómplice de la impunidad. Es urgente que se investigue y se haga justicia”, insistió el obispo, exhortando a la sociedad dominicana a no ser indiferente ante estos delitos que atentan contra la dignidad y el bienestar de la niñez.
La denuncia del líder religioso reabre el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de protección a menores en zonas turísticas, fortaleciendo la vigilancia y la cooperación internacional para prevenir el turismo sexual y otros delitos conexos. Diversos sectores han reiterado la importancia de establecer controles más estrictos y políticas públicas efectivas que garanticen entornos seguros para la infancia, especialmente en polos turísticos de alta afluencia como Verón-Punta Cana.
Con este pronunciamiento, la Iglesia Católica se suma nuevamente a las voces que reclaman transparencia, justicia y acción inmediata frente a un problema que, de confirmarse, compromete no solo la seguridad de los menores, sino también la imagen internacional de la República Dominicana.
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