María Elena Vásquez Taveras y Jorge Subero Isa. (Foto: ProCompetencia).
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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) entregó este jueves al Poder Ejecutivo el Anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y de Competencia Económica, iniciativa que busca modificar la Ley número 42-08 General de Defensa de la Competencia con el propósito de adaptarla a las dinámicas actuales de los mercados.
La presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia, María Elena Vásquez Taveras, entregó el documento al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, acompañada del director de Promoción y Abogacía de la Competencia, José Beltré, según detalla un comunicado de prensa.
Subero Isa valoró la iniciativa y se comprometió a impulsar el proyecto para lograr su aprobación en el Congreso Nacional y que el país disponga de una ley de competencia moderna y acorde a los estándares internacionales.
“La nueva ley buscará no solo perseguir prácticas anticompetitivas, sino garantizar que la libertad empresarial sea un motor de crecimiento e innovación en nuestra economía”, señaló Vásquez Taveras.
La entidad informó que, la propuesta legislativa responde a las recomendaciones formuladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el Examen Inter-Pares (Peer Review) realizado al derecho y política de competencia de la República Dominicana en 2024, y constituye una de las reformas estructurales clave para encaminar la aspiración del país de avanzar en su proceso de adhesión a ese organismo internacional.
Añade que «la reforma representa una decisión estratégica del Estado dominicano para modernizar su arquitectura regulatoria, consolidar mercados más abiertos y competitivos, y fortalecer las bases de un crecimiento económico sostenible, inclusivo y basado en la eficiencia, por lo que ha sido priorizada como meta a corto plazo del proyecto Meta RD 2036».
En ese sentido, expone que el anteproyecto propone un marco normativo orientado a consolidar la seguridad jurídica y la previsibilidad regulatoria, procedimientos más ágiles y mayores garantías institucionales y fortalecer la competencia efectiva en los mercados, previniendo prácticas anticompetitivas y promoviendo estructuras económicas más dinámicas.
Asimismo, asegura que busca mejorar el clima de inversión y negocios, reduciendo incertidumbres, elevando la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros para elevar los estándares institucionales del país, reforzando su posicionamiento como jurisdicción confiable y transparente.
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