La Corte Penal Internacional (CPI) inició este lunes la audiencia de confirmación de cargos de crímenes de lesa humanidad contra el expresidente filipino Rodrigo Roa Duterte, con el sospechoso atrincherado en el centro de detención y negándose a acudir a la sala del tribunal, alegando motivos de salud y falta de jurisdicción del tribunal.
Duterte, de 80 años, se ausentó de la sala del tribunal, después de renunciar formalmente la semana pasada a su derecho a estar presente ante los jueces, y también rechazó seguir la audiencia por videoconferencia desde el centro de detención de la CPI, donde se encuentra retenido desde mediados de marzo del año pasado tras su arresto en Manila y traslado a La Haya.
El exmandatario, acusado de asesinato e intento de asesinato durante su “guerra contra las drogas” en Filipinas, alegó avanzada edad y deterioro de salud para ausentarse de la sala: “No deseo asistir a procedimientos judiciales que olvidaré en cuestión de minutos. Soy viejo, estoy cansado y frágil”, señaló, añadiendo que ha aceptado la posibilidad de “morir en prisión” y rechaza que la CPI tenga jurisdicción sobre el caso.
En el exterior del tribunal, dos grupos de decenas de manifestantes se dieron cita, por un lado para mostrar su respaldo al procedimiento judicial contra el exdirigente filipino, y por otro, para defender a Duterte, cuya popularidad en Filipinas sigue siendo alta.
La audiencia, con sesiones fijadas del 23 al 27 de febrero, no es un juicio en sí y tiene el objetivo de determinar si existe prueba suficiente para establecer “motivos sustanciales” para creer que el sospechoso cometió los crímenes que se le imputan, tres cargos de crímenes de lesa humanidad.
Los jueces tienen un plazo de 60 días para emitir una decisión sobre si confirman o no los cargos.
Duterte fue alcalde de la ciudad de Dávao antes de asumir la presidencia de Filipinas en 2016.
La Fiscalía sostiene que fue fundador y jefe del llamado “escuadrón de la muerte de Dávao” (DDS) y lo considera responsable de asesinatos e intentos de asesinato como crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, periodo en el que Filipinas era Estado Parte del Estatuto de Roma, el tratado de la CPI.
En el documento de cargos, la acusación formula tres bloques: asesinatos en Dávao durante su etapa como alcalde, asesinatos de “objetivos de alto valor” durante su presidencia, y asesinatos y tentativas de asesinato en operaciones de “limpieza” en barrios durante el periodo presidencial.
Los 78 incidentes incluidos en los cargos son presentados no como hechos individuales sino como representativos de un ataque “generalizado y sistemático” contra la población civil.
Según la acusación, la violencia, inicialmente concentrada en Dávao, se extendió a nivel nacional tras su llegada al poder en 2016, con la participación de distintos actores estatales.
La defensa, encabezada por el abogado Nicholas Kaufman, rechaza que existan “motivos sustanciales” para confirmar los cargos y sostiene que las muertes vinculadas a la lucha antidrogas no responden a un plan criminal o una política institucional.
