Como segundo eje del informe, el titular ambiental de la FP abordó la situación de la presa de Hatillo, en la provincia Sánchez Ramírez, donde se ha producido una floración masiva de algas.
“Por segunda ocasión en tiempos recientes, el agua en la presa de Hatillo ha cambiado de color, apareciendo enturbiada por una alta profusión de lama verde y pastosa, conocida como floración de algas o crecimiento explosivo de estas”, explicó.
Abreu cuestionó que, pese a que la toma de muestras fue anunciada el 5 de diciembre, más de dos meses después el país no cuenta con una explicación oficial.
“Más de dos meses después, el Ministerio de Medio Ambiente todavía no le tiene una respuesta al país, y eso es incapacidad para gestionar situaciones que requieren respuestas que despejen dudas y ofrezcan soluciones”, sostuvo.
Agregó que la presa cumple funciones estratégicas en generación energética, riego agrícola, producción piscícola y potencial abastecimiento de agua potable para la capital, por lo que la falta de un diagnóstico integral de la cuenca del río Yuna constituye una falla grave en la gestión ambiental.
Intervención en Valdesia
El tercer punto del informe se centra en el proyecto de limpieza de sedimentos de la presa de Valdesia, ejecutado aparentemente por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid).
Abreu indicó que comunitarios del distrito municipal Pueblecito-Muchas Aguas han denunciado que la obra se realiza mediante la apertura de una carretera a través del cauce del río Yubazo, afectando fuentes de agua que abastecen a varias comunidades.
Según explicó, el permiso ambiental otorgado permitiría intervenciones que vulneran la franja de protección de 30 metros establecida por ley en los cursos de agua e incluso penetran directamente el cauce del río en un trayecto de más de seis kilómetros.
El dirigente ambiental solicitó que se publique toda la documentación del proyecto, incluidos los estudios de impacto ambiental, las evaluaciones técnicas, la empresa ejecutora y el destino de los materiales extraídos, que, según estimaciones comunitarias, tendrían un valor de miles de millones de pesos.
Litigio sobre el Parque Jaragua
El cuarto “nubarrón” expuesto por Abreu se refiere a la disputa judicial sobre más de 12 millones de metros cuadrados dentro del Parque Nacional Jaragua, en el municipio de Oviedo.
Explicó que una empresa obtuvo una sentencia favorable en el Tribunal Superior Administrativo mediante una acción de amparo, lo que podría abrir un precedente peligroso respecto a la protección constitucional de las áreas protegidas.
Abreu sostuvo que la Constitución de 2010 establece la supremacía constitucional y la inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes patrimoniales del Estado, por lo que cualquier reducción de límites en áreas protegidas requiere la aprobación por mayoría calificada del Congreso Nacional.
En ese sentido, afirmó que el Ministerio de Medio Ambiente no presentó en audiencia los medios probatorios necesarios sobre los límites del parque ni defendió con suficiente claridad la protección constitucional del área, lo que, a su juicio, revela nuevas fallas institucionales.
Riesgo estructural al patrimonio natural
Al concluir la presentación, Abreu reiteró que los cuatro casos expuestos no son hechos aislados, sino síntomas de una problemática estructural.
“El Ministerio de Medio Ambiente está fallando en su rol constitucional de protección”, afirmó, al señalar que la combinación de incapacidad institucional, permisividad administrativa y opacidad informativa está colocando en riesgo el patrimonio natural dominicano.
Al cierre de la presentación, aseguró que la Fuerza del Pueblo dará seguimiento a cada uno de los casos expuestos y acompañará a las comunidades en defensa de un medio ambiente sano, y advirtió que “otras oscuras nubes ensombrecen el panorama ambiental dominicano” si no se corrige el rumbo actual de la gestión pública ambiental.
