SANTO DOMINGO.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) calificó este martes como una urgencia de Estado el ordenamiento del tránsito terrestre en la República Dominicana, señalando que la actual desorganización vial representa uno de los desafíos más críticos para la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la ley. La entidad advirtió que el caos en las vías públicas es un reflejo de debilidades institucionales que requieren la aplicación inmediata de la Ley 63-17.
El vicepresidente ejecutivo de la institución, Servio Tulio Castaños Guzmán, enfatizó que la regulación de las motocicletas debe ser la prioridad dentro de cualquier plan de seguridad, debido a su incidencia directa en la siniestralidad vial y en la comisión de actos delictivos. Según el organismo, la falta de un régimen de consecuencias efectivo ante las infracciones recurrentes ha neutralizado los esfuerzos de modernización del transporte terrestre.
De acuerdo con el análisis de la organización, el problema no radica en la ausencia de normativas, sino en las carencias operativas para fiscalizar el cumplimiento de las reglas de movilidad. FINJUS sostiene que la impunidad frente a las violaciones de tránsito fomenta una cultura de anarquía que afecta la salud pública, la economía nacional y la convivencia social en los principales centros urbanos del país.
La entidad instó a las autoridades competentes a ejecutar políticas de fiscalización tecnológica y fortalecer la educación vial como pilares para reducir las estadísticas de fallecimientos por colisiones. FINJUS reiteró que el Estado debe garantizar que los mandatos de seguridad vial no queden en planes teóricos, sino que se traduzcan en una supervisión estricta que garantice la protección de la vida y el orden público.
