El vicepresidente ejecutivo Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán. (Foto: Finjus)
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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió este martes que resulta impostergable ordenar el sistema de tránsito terrestre y establecer una regulación efectiva del uso de las motocicletas, ante el agravamiento sostenido de la inseguridad vial en la República Dominicana.
Castaños Guzmán afirmó mediante un comunicado que el transporte se ha convertido en uno de los problemas más graves que enfrenta la sociedad dominicana, con impactos directos en la seguridad ciudadana, la movilidad, la economía y la calidad de vida.
Señaló que el crecimiento desordenado del parque vehicular, especialmente de unidades que no reúnen condiciones adecuadas para circular y que ofrecen servicios deficientes, ha contribuido de manera decisiva a esta crisis.
El vicepresidente ejecutivo de Finjus sostuvo que la fragilidad institucional y la pasividad de las autoridades han permitido que las motocicletas se consoliden como un sistema que opera prácticamente sin controles ni regulación real. Esta situación, explicó, ha favorecido la comisión de infracciones, la ocurrencia de hechos delictivos y un elevado número de accidentes de tránsito.
Consideró que ha llegado el momento de adoptar medidas urgentes y firmes, incluyendo la declaración de una emergencia nacional en materia de tránsito, que permita convocar a todos los sectores involucrados para coordinar acciones efectivas. También planteó la necesidad de establecer y aplicar sanciones más severas que disuadan las violaciones a la normativa, especialmente en los casos de conducción temeraria.
Texto íntegro
Es impostergable ordenar el sistema de tránsito terrestre y regular el uso de motocicletas
Es un hecho ampliamente reconocido que el transporte es uno de los problemas más graves que padece la sociedad dominicana y que impacta en todos los ámbitos de la vida nacional. Entre los factores que inciden directamente en esta problemática destaca el crecimiento desordenado del parque vehicular, especialmente de unidades que no reúnen las condiciones adecuadas para circular y que, además, ofrecen un servicio deficiente a los usuarios.
La fragilidad institucional y la pasividad de las autoridades han facilitado que el uso de motocicletas se expanda como un sistema que opera, en la práctica, sin controles efectivos ni regulación real. Esta situación ha propiciado que su utilización se vincule con la comisión de infracciones, hechos delictivos y un elevado número de accidentes de tránsito, agravando aún más la problemática de seguridad vial y ciudadana.
La ausencia de políticas públicas claras, junto con la ineficacia en la aplicación de la ley y la falta de voluntad para imponer el orden, constituyen elementos centrales en el agravamiento de esta crisis.
El desorden en el tránsito se ha intensificado hasta convertirse en una amenaza directa para la seguridad y la calidad de vida de la ciudadanía. Resulta alarmante la frecuencia con que conductores de motocicletas infringen las normas de tránsito (violar la luz roja, circular por las aceras o en vía contraria, entre otras prácticas) generando un clima de incertidumbre y una creciente demanda social por la racionalización y el control efectivo de las vías públicas.
Preocupa, además, la inexistencia de un sistema integral y eficiente de control del tránsito, así como la falta de consecuencias reales para los infractores y de mecanismos adecuados de coordinación entre las autoridades competentes.
De acuerdo con datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a diciembre de 2022 las motocicletas representaban el 56 % del parque vehicular, con un incremento del 6.6% respecto al año anterior. Para inicios de 2026, las motocicletas registradas en la República Dominicana ascendían a 3,872,238 unidades, equivalentes a aproximadamente el 58 % del total del parque vehicular.
A nivel internacional, según el portal World of Statistics, el país figura entre las naciones con mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito per cápita, con 65 decesos por cada 100,000 habitantes. Los motoristas constituyen el grupo más afectado en estas estadísticas, en gran medida debido a la alta incidencia de infracciones y al débil régimen de fiscalización.
Consideramos que ha llegado el momento de adoptar medidas urgentes y firmes. Debe declararse una emergencia nacional en materia de tránsito, convocando a todos los sectores involucrados a coordinarse activamente en su solución. Así también, establecer y hacer cumplir sanciones más efectivas que disuadan las violaciones a la normativa de tránsito, especialmente en casos de conducción temeraria.
Esta problemática debe abordarse con rapidez. La seguridad y la calidad de vida de la población dependen de decisiones responsables y de una voluntad política firme para transformar el sistema de transporte.
Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo de Finjus
17 de febrero, 2026
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