La medida busca fortalecer la transparencia, la trazabilidad de los procesos y la profesionalización del personal encargado de la gestión contractual en el Estado dominicano. Bajo este nuevo esquema, las Unidades de Contrataciones Públicas asumirán un rol transversal, ofreciendo apoyo técnico y administrativo durante todo el ciclo de vida de cada contrato.
Tres modelos organizativos según la capacidad institucional
La resolución conjunta establece tres tipos de estructuras, diseñadas para adaptarse al volumen de compras y a la complejidad operativa de cada entidad:
Estructura Tipo A (Funcional Especializada): dirigida a instituciones con procesos estratégicos y de alto riesgo, con subunidades diferenciadas para evaluación de ofertas y administración de proveedores.
Estructura Tipo B (Mixta): orientada a entidades donde las compras son procesos de apoyo, con separación clara de funciones y menor nivel de especialización.
Estructura Tipo C (Simple): enfocada en organismos con bajo volumen de adquisiciones, centralizando funciones para optimizar recursos y reducir cargas administrativas.
La normativa detalla que el ciclo de vida de la contratación abarca desde la planificación y preparación de los procesos —incluyendo estudios previos, presupuestos, pliegos y términos de referencia— hasta la convocatoria, evaluación de ofertas, adjudicación, ejecución contractual y evaluación posterior de costos y beneficios.
Para asegurar la correcta implementación del nuevo modelo, se dispuso la creación de una Mesa Técnica de carácter consultivo, coordinada por el MAP e integrada por la DGCP y la Dirección General de Presupuesto.
Este organismo dará seguimiento al proceso de transición y brindará asistencia a las instituciones públicas en la adopción de las nuevas estructuras.
Las Unidades de Contrataciones Públicas dependerán de las Direcciones Administrativas Financieras de cada entidad y tendrán la responsabilidad de coordinar las adquisiciones de bienes, obras y servicios, alineando cada proceso con el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas y las prioridades estratégicas del Estado.
Con esta reforma, el Gobierno dominicano procura una administración más eficiente y transparente, donde la gestión de compras públicas se consolide como un instrumento clave para el uso responsable de los recursos públicos.
