Santo Domingo. —Legisladores y representantes del sector ambiental expresaron su rechazo a la sentencia 0030-1643-2025-SSEN-00786 del Tribunal Superior Administrativo (TSA), la cual ordena modificar los límites del Parque Nacional Jaragua con fines de explotación turística. En ese sentido, ambientalistas anunciaron que la decisión será apelada ante el Tribunal Constitucional.
Según señalaron, la resolución vulneraría disposiciones constitucionales relacionadas con la protección del medio ambiente y las áreas protegidas del país.
El fallo del TSA ha generado controversia pública al reconocer la posibilidad de ajustar los límites de una zona protegida para permitir actividades turísticas, lo que ha sido interpretado por críticos como un precedente que podría impactar otras áreas ambientales del territorio nacional.
El exministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, calificó la decisión como preocupante y afirmó que a su juicio contradice la Constitución, la Ley General de Medio Ambiente 64-00 y la normativa sobre áreas protegidas.
“Porque sienta un precedente funesto. Si esta sentencia se asume como principio general, todas las áreas protegidas de la República Dominicana podrían quedar en peligro”, expresó Brito
El parque Jaragua y sus 137 mil hectáreas, se extiende a él largo de la costa sur desde cambo rojo hasta Bahía de las Águilas en la Fronteriza provincia de Pedernales.
Desde el Congreso Nacional, reaccionaron sorprendidos y reconocieron que la modificación de esa reserva natural y todo derecho fundamental solo puede ser regulado a través de una ley.
“La constitución es muy clara y establece en el artículo 16 que para reducir un área protegida se necesitan las dos terceras partes de la matrícula, o sea una ley es súper orgánica” declaró Dionis Sánchez exsenador Pedernales.
De su parte el Senador por San Cristobal indicó:” Y justamente es una de las familias que no solamente tiene ese tema, tiene otros temas en conflicto. Incluso en la provincia de San Cristóbal nosotros pedimos que se haga una revisión exhaustiva, porque si bien es cierto que se puede tener un derecho de administración no necesariamente le da un derecho de propiedad”.
Carvajal advirtió que las pretensiones de explotar el Parque Nacional Jaragua persisten desde la década del noventa. Asimismo afirmó que la justicia ha enviado señales a favor de intereses particulares que buscan apropiarse de más de mil hectáreas de esta zona protegida.
En tal sentido, hizo un llamado al sistema de justicia para impedir que el Parque Jaragua se afecte. Además, advirtió que, de no variar la situación, se tomarán acciones para frenar los planes de apropiación.
Señaló además que respaldan al Ministerio de Medio Ambiente, pero consideró que como entidad responsable de velar por las áreas Protegidas actuó de manera retrasada.
