Sectores valoran manejo institucional de la Policía en La Vega y defensa del debido proceso (Ilustración: El Nuevo Diario)
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EL NUEVO DIARIO, LA VEGA.- Ciudadanos y profesionales del derecho han expresado su respaldo a la gestión del general Juan Pablo Ferreira Vera, director regional de la Policía Nacional en La Vega, resaltando su enfoque institucional, trato respetuoso y apego a las garantías constitucionales del debido proceso.
Los consultados coinciden en que la administración policial actual ha fortalecido la comunicación oficial y priorizado el respeto a la presunción de inocencia, amparada en el artículo 69, numeral 3, de la Constitución que establece el trato de inocencia hasta que una sentencia irrevocable demuestre lo contrario.
El abogado Juan Manuel Cortes destacó que por primera vez se observa una dirección policial que canaliza la información pública a través de la Dirección de Comunicaciones de la Policía Nacional, cumpliendo con la normativa vigente y evitando la exposición indebida de detenidos, preservando así sus derechos fundamentales.
Otro jurista resaltó la educación, apertura y trato equitativo del general Ferreira Vera, quien mantiene una política de puertas abiertas para todos, sin distinción.
La abogada Margarita Robles consideró necesaria la regulación de individuos que se identifican como camarógrafos en destacamentos policiales, advirtiendo que interrogar públicamente a detenidos o formular preguntas acusatorias puede vulnerar derechos y afectar procesos judiciales.
Robles enfatizó que estas acciones pueden comprometer la cadena de custodia y generar vicios procesales que podrían anular casos, recordando que los comunicadores no reemplazan a jueces ni al Ministerio Público.
Los profesionales recordaron que no hay una prohibición general para grabar, sino la exigencia de cumplir con las normas legales que protegen la integridad de las investigaciones y la presunción de inocencia, lineamientos también observados por la Fiscalía de La Vega.
Finalmente, los sectores consultados reiteraron que el fortalecimiento del orden institucional y el respeto al marco legal mejoran la relación entre ciudadanía, prensa y seguridad, evitando conflictos y garantizando una información pública responsable.
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