Defensa de Donald Guerrero afirma fondos transferidos entre entidades estatales eran lícitos y públicos. Foto: Fuente externa
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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, afirmó que el pago de RD$21 mil millones a una entidad bancaria en 2020 fue una obligación legal del Estado dominicano y una operación interinstitucional, sin transferencia de recursos a contratistas ni salida de fondos estatales.
El abogado Eduardo Núñez recalcó que la operación fue autorizada por la Junta Monetaria y ejecutada conforme a las leyes núm. 99-01 y 567-05, lo que confirma su carácter institucional. Precisó que Donald Guerrero no creó, administró ni operó dicho programa, cuya ejecución financiera correspondió exclusivamente a la entidad bancaria, bajo la supervisión de los órganos reguladores del sistema financiero.
Núñez explicó que el desembolso se realizó del Ministerio de Hacienda al banco estatal, en el marco del Programa de Financiamiento a Contratistas y Proveedores, vigente desde 2003, mediante el cual el banco adelantaba recursos para garantizar la continuidad de obras públicas.
Según la defensa, la operación fue registrada oficialmente como una reducción de pasivos públicos al liquidar compromisos financieros acumulados. “El propio Estado consignó esta transacción como disminución de deuda. Eso no es fraude: es transparencia y contabilidad pública”, señaló.
La defensa también indicó que toda la operación se encuentra debidamente documentada en los registros oficiales del Estado, incluyendo el ERIR 2020, el SIGEF y la contabilidad pública, donde se describe el pago como una liquidación de compromisos interestatales. “Un fraude no se registra, no se publica ni se explica en los informes oficiales del propio Estado. Cuando la contabilidad pública documenta una operación, la narrativa de corrupción se derrumba por sí sola”, afirmó.
En ese contexto, Eduardo Núñez sostuvo que es jurídicamente imposible hablar de lavado de activos, ya que los fondos involucrados eran públicos, lícitos y transferidos entre entidades estatales. “Sin dinero ilícito y sin delito precedente, el lavado simplemente no puede existir”, enfatizó.
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