Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva. EFE/ Miguel Gutierrez.

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CARACAS. – La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este viernes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un pronunciamiento sobre la licencia general emitida por Estados Unidos que levanta las sanciones a algunas transacciones comerciales con petróleo del país suramericano.

«Quiero también pedir a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un pronunciamiento sobre la licencia general emitida el día de ayer por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en aras de preservar la jurisdicción de Venezuela», señaló Rodríguez en el acto de inauguración del año judicial, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La líder chavista dijo que este pronunciamiento también debe buscar preservar el derecho de Venezuela a «relaciones internacionales de diversidad y a relaciones de cooperación económica con todos los países del mundo».

El jueves, el Gobierno de Donald Trump emitió una licencia general que levanta sanciones a algunas transacciones comerciales con petróleo venezolano, allanando el camino para que las petroleras estadounidenses operen en el país caribeño.

La decisión fue anunciada por el Departamento del Tesoro y llega casi tres semanas después de que el presidente Donald Trump recibiera en la Casa Blanca a los líderes de más de 20 compañías petroleras estadounidenses, incluyendo ExxonMobile y ConocoPhillips, para presionarlos a invertir en Venezuela después de la captura del presidente Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

La licencia general también impone condiciones bastante específicas y prohibiciones importantes, entre ellas, que solo permitirá las transacciones con crudo venezolano a empresas estadounidenses que hayan sido establecidas antes del 29 de enero de 2025 y obligará a que los pagos a entidades venezolanas se hagan en una cuenta bancaria controlada por Washington.

A su vez, para evitar ser sancionadas, los contratos que las empresas estadounidenses logren con el Gobierno de Venezuela o la estatal petrolera PDVSA, deben se regidos por leyes de EE.UU. y establecer que cualquier resolución de disputas se haga en EE.UU.

La licencia también prohíbe condiciones de pago que EE.UU. considere «poco razonables» ni canjes de deuda, pagos en oro o transacciones que involucren a personas o empresas ubicadas en Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba.

Durante su primer mandato, en 2019, Trump sancionó a la industria petrolera venezolana, provocando un fulminante golpe a la economía del país, que depende en su mayoría de las exportaciones de crudo.

Tras una intervención militar por parte de Washington en Caracas el pasado 3 de enero, que acabó con el arresto de Maduro y su esposa, la primera dama Cilia Flores, y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por supuesto narcotráfico, Trump ha presionado a las grandes petroleras estadounidenses para que vuelvan a invertir en el país suramericano.

Chevron es la única petrolera estadounidense que aún mantiene operaciones en Venezuela y a la que el Departamento del Tesoro (OFAC) ha concedido una licencia para poder importar crudo.


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