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EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. —La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso una garantía económica de quinientos mil pesos (RD$500,000) y presentación periódica como medidas de coerción contra Francisco Javier Sosa, exempleado del Ministerio Público, quien figura como imputado en un proceso judicial.
De acuerdo con las autoridades, Sosa enfrenta acusaciones preliminares por presunto lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano, hechos que están siendo investigados por el órgano persecutor.
El tribunal decidió no imponer prisión preventiva, al considerar que las medidas adoptadas son suficientes para garantizar la comparecencia del imputado durante el proceso judicial, sin afectar el curso de la investigación.
El abogado Orlando Aracena, representante legal de Francisco Javier Sosa, afirmó que su defendido es inocente de las acusaciones que pesan en su contra por presunto lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano.
Aracena explicó que Sosa, quien se ha desempeñado por más de 14 años como empleado del Ministerio Público, ha mantenido una trayectoria intachable, destacándose por su apoyo constante al deporte y a la juventud, labor que según indicó quedó debidamente establecida durante el conocimiento de la medida de coerción ante el tribunal.
El jurista solicitó a la magistrada Yeni Verenise Reynoso que profundice en la investigación de los hechos, al considerar que no existen elementos suficientes que vinculen a su defendido con los cargos que se le imputan.
Asimismo, reiteró que su cliente siempre ha actuado conforme a la ley y que colaborará con las autoridades para esclarecer el proceso judicial en curso.
El caso continúa bajo investigación, mientras el imputado deberá cumplir con las condiciones establecidas por el tribunal, incluyendo su presentación periódica ante las autoridades correspondientes.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha ofrecido mayores detalles sobre el alcance de la acusación ni sobre posibles implicaciones adicionales del caso.
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