Penas de entre cinco y veinte años de prisión solicita el Ministerio Público contra el mayor general Adán Cáceres, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial durante el gobierno de Danilo Medina, y otros altos oficiales militares y civiles, acusados de defraudar al Estado dominicano con más de 4,500 millones de pesos.
La acusación también involucra a 18 empresas, que podrían enfrentar sanciones administrativas por su presunta participación en el entramado de corrupción.
Según el Ministerio Público, la solicitud de pena dependerá de la gravedad de los hechos atribuidos de manera individual y de la participación de cada imputado ante las.
Ante las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el órgano acusador aseguró mantener la fortaleza de sus pruebas y reiteró que los hechos imputados son de carácter grave, por lo que solicitará condenas que podrían alcanzar hasta los 20 años de prisión.
«Recuerden que los tipos penales son tipos penales graves, por lo que cada uno de estos imputados es siendo enjuiciado y el Ministerio Público mantiene en todo momento las imputaciones y la fortaleza de las pruebas que hemos presentado, por tanto, las penas irán en correspondencia con los tipos penales de los que están acusados«, aseguró Mirna Ortíz, del PEPCA.
Sin embargo, la defensa de los imputados sostienen que el Ministerio Público no ha podido demostrar la existencia de lavado de activos, ni que los acusados hayan sustraído fondos del Estado.
«Sí, pero el tema no es la prueba, la prueba ya pasó el período, la prueba debieron haberse presentado ya, hoy debieron establecer esa prueba probó esto y eso no es así, incluso están diciendo más teoría, pero ya ese momento pasó«, asegura Cristian Martínez, abogado de Adam Cáceres.
Señalan además que existen inconsistencias en las cifras y valoraciones de bienes presentados durante el proceso. Por ello anunciaron que solicitarán la absolución y la libertad de sus defendidos
«800 y pico de miles de dólares que hace aproximadamente unos 48 millones de pesos, entonces ese órgano investigador le faltó la objetividad a la realidad y a la verdad«, advirtió Waldo Paulino.
Entre los principales imputados figuran el Mayor General Adam Cáceres Silvestre, exdirector del cuerpo de Seguridad Presidencial, Juan Carlos Torres Robiú, exdirector del Cestur, entre otros generales y civiles acusados de pertenecer a un entramado que supuestamente había defraudado al Estado con más de 4.500 millones de pesos.
Concluida la presentación de conclusiones y la solicitud de penas por parte del Ministerio Público, tendrá la oportunidad de la defensa de los imputados tratar de desmontar la acusación en lo que sería la etapa final de este proceso.
