Fachada del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Foto de archivo.
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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) denunció este viernes los “escándalos de corrupción sin precedentes” durante la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), vinculando el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), que ha generado cuestionamientos por parte de la Iglesia Católica.
El PRD detalló que los recientes mensajes pastorales con motivo del Día de Nuestra Señora de la Altagracia y las homilías de altos representantes del episcopado dominicano “reflejan la gravedad de la corrupción y sus efectos sobre la población vulnerable, la institucionalidad democrática y la moral nacional”.
En la denuncia se incluyen señalamientos sobre muertes por falta de medicamentos, estafas en el sistema de salud, desapariciones de niños, inseguridad ciudadana y daños ambientales, según detalla un comunicado de prensa.
La organización política añade que monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de Santo Domingo; monseñor Jesús Castro Marte, obispo de La Altagracia; y monseñor Héctor Rafael Rodríguez, arzobispo de Santiago y presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, coincidieron en que la corrupción niega derechos fundamentales como la salud, la vida, la educación y la seguridad ciudadana.
“El país está escuchando a una Iglesia que ha alzado su voz como conciencia moral de la nación, denunciando que la corrupción mata, excluye y destruye la esperanza”, manifestó el PRD en el comunicado.
Además, señala que “cuando desde el altar se exige castigo ejemplar para quienes negaron salud y provocaron muertes, queda claro el nivel de degradación institucional al que ha sido conducido el Estado bajo la actual administración”.
El partido de oposición concluye la nota afirmando que el caso Senasa se ha convertido en un “símbolo del colapso ético de la gestión pública”, afectando a miles de dominicanos que dependen del seguro estatal, e hizo un llamado a la justicia para que actúe sin privilegios y a que se restablezca el principio del bien común.
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