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Ciudad de México. – La senadora de oposición, Gina Campuzano González, del Partido Acción Nacional (PAN), acusó este miércoles al Gobierno mexicano de «negligencia» ante el avance del gusano barrenador del ganado (GBG).
Ante esta situación, la senadora presentó tres iniciativas para reformar la Ley General de Salud, en materia de prevención, vigilancia y atención de enfermedades zoonóticas y plagas con impacto en la salud pública.
En su intervención ante la Comisión Permanente, la legisladora por Durango sostuvo que el retorno del gusano barrenador «no es un accidente» y lo atribuyó a una «negligencia del Gobierno» que, dijo, se traduce en «tragedia nacional».
Campuzano citó información de la Agencia EFE sobre el incremento de 500 casos en solo una semana, entre el 7 y 14 de enero, equivalente a un alza cercana al 4 % en siete días, de acuerdo con reportes del regulador Senasica, lo que calificó como una «epidemia descontrolada».
Con el último corte oficial al 19 de enero, los casos acumulados en casi 14 meses ascienden a 14.245 desde el 20 de noviembre de 2024, y los casos activos suman 856.
La mayor carga acumulada se concentra en el sur-sureste, con Chiapas (5.576), Oaxaca (2.272) y Veracruz (2.141) al frente del listado.
La senadora advirtió que el GBG implica sufrimiento animal y riesgo humano por miasis, particularmente en comunidades rurales, y afirmó que la omisión ya provoca pérdidas «que superan los 20.000 millones de pesos», además de exportaciones ganaderas «totalmente detenidas», según sus dichos.
Como contexto, la legisladora comparó el caso con otros problemas sanitarios: mencionó el desabasto de tratamientos oncológicos infantiles, el retorno del sarampión «con más de 7 mil casos» y cuestionó el alcance de una «tarjeta de la salud» si, dijo, persisten recortes presupuestales.
Campuzano sostuvo que su propuesta busca hacer obligatoria la prevención, vigilancia y detección temprana de enfermedades transmitidas de animales a personas y de plagas de origen animal, al modificar la Ley General de Salud, y afirmó que “la prevención es una obligación constitucional del Estado”.
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