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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) manifestó este martes su alta preocupación ante las denuncias formuladas por el Instituto Duartiano y por el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, en relación con supuestas pretensiones de organismos internacionales de incidir para revertir los efectos de la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
Codue manifestó que toma «nota con expectativa», la postura expresada por el canciller Roberto Álvarez, quien aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) no tiene intención de revertir el fallo constitucional, y que dicha declaración se traduzca en una línea de acción clara, coherente y consistente en todos los ámbitos donde se represente al país.
Mediante un comunicado, el pastor Feliciano Lacen, representante del Codue, coincide con las alertas expresadas por Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano y con las declaraciones de Ray Guevara en cuanto a la importancia de mantener vigilancia cívica frente a cualquier iniciativa que intente imponer pautas externas en materia migratoria y constitucional, áreas que competen de manera exclusiva al ordenamiento jurídico dominicano.
«Exhortamos a las autoridades y a la sociedad civil a preservar la institucionalidad, defender las decisiones del Tribunal Constitucional y no bajar la guardia ante escenarios que puedan comprometer la soberanía nacional, reiterando su disposición a dar seguimiento responsable a este tema de interés país», afirmó.
Lacen Custodio también advirtió que dichas versiones, de confirmarse, resultarían lesivas para la soberanía jurídica e institucional de la República Dominicana, al pretender desconocer una decisión constitucional que estableció criterios claros para la depuración del Registro Civil y la correcta aplicación de un plan de control y regularización, conforme al marco legal vigente.
La entidad evangélica recordó que la Sentencia 168-13 respondió a la necesidad de ordenar el sistema registral, garantizar seguridad jurídica y respetar el Estado de derecho, sin perjuicio de la implementación de políticas públicas de documentación para todas las personas que residen en el país, ya sean nacionales o extranjeros, en condición regular o irregular, de acuerdo con la ley.
ADDP/
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