EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (Cnlcc) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma) denunciaron este lunes la falta de capacidad de la empresa Global Min para explorar y explotar hidrocarburos, señalando irregularidades en la adjudicación de un contrato por parte del Estado dominicano.
La denuncia se centra en la aprobación, por la Cámara de Diputados, de una resolución que autoriza un contrato entre el Estado y el Consorcio Global Min, suscrito en agosto de 2025, para la exploración y explotación de hidrocarburos en territorio dominicano, tanto terrestre como marítimo.
Las organizaciones argumentan que Global Min fue creada específicamente para recibir este contrato, debido a la estrecha relación entre Arturo Santana Reyes, presidente de Coastal Petroleum Dominicana, S. A., y principal accionista de Global Min, con el presidente de la República, Luis Abinader.
El Cnlcc e Insaproma señalaron que ninguna de las empresas socias que registraron a Global Min (Coastal Petroleum Dominicana, S. A., Bas Projects Corporation S. L., Autozama, S. A., ETC & Asociados, S. A. S., Amber Development Corporation, Guess Investments, L. T. D., y Matterhorn Developments, S. A.) posee experiencia en la investigación de reservas de hidrocarburos.
“Estas empresas que constituyen a Global Min se dedican a inversiones inmobiliarias, a la importación y exportación de combustibles, a la venta de vehículos y a la instalación de plantas de generación eléctrica, pero ninguna ha incursionado en la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos ni en el país ni en ningún lugar del mundo”, afirmaron las organizaciones.
Además, cuestionan la alianza de Global Min con la empresa estadounidense Lumina Geophysical, calificándola como una maniobra que evidencia la incapacidad de Global Min en la materia.
Las organizaciones también recordaron que Arturo Santana Reyes cobró notoriedad pública tras la explosión de un tanque de gas en la empresa Polyplas el 5 de diciembre de 2018, en Villa Agrícola, donde fallecieron al menos ocho personas. La tragedia no tuvo consecuencias penales para los posibles responsables.
Asimismo, reprochan al Gobierno de Luis Abinader por continuar prácticas de favoritismo, afirmando que acciones como esta socavan la percepción de transparencia y la lucha contra la corrupción administrativa.
Las instituciones criticaron la adjudicación del contrato a Global Min por parte del Ministerio de Energía y Minas para explorar los bloques CB1 y CB2 en el Cibao (Montecristi, Dajabón, entre otras demarcaciones) como un acto “totalmente ilegal, de grado a grado, en un ejercicio de arbitrariedad y sin ninguna transparencia”.
Según las organizaciones, la ronda organizada por el Ministerio de Energía y Minas para atraer empresas petroleras internacionales a explorar y explotar hidrocarburos en el país fue un fracaso. A pesar de ello, en lugar de declarar desierta la licitación, se otorgó el contrato a Global Min, repitiendo las mismas irregularidades que, según denuncian, cometió el Gobierno de Danilo Medina con la empresa Apache, o APA Corporation, en 2019.
Explicaron que la falta de interés de las empresas petroleras internacionales se debió a los resultados negativos de la exploración realizada por APA en el bloque de la cuenca de San Pedro de Macorís, resultados que, según denuncian, el Ministerio de Energía y Minas ocultó para no desestimular la participación en la nueva ronda.
