José Rubén Zamora Marroquín. Foto/fuente externa
CIUDAD DE GUATEMALA. – El reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, quien se encuentra en prisión preventiva desde 2022 en Guatemala y es considerado un «preso político», requirió asistencia médica el pasado 30 de diciembre, según reveló este domingo en un mensaje en sus redes sociales.
Zamora Marroquín explicó que fue atendido en el hospital público San Juan de Dios, uno de los dos más grandes de Guatemala, para revisarse «un bulto creciente» en su cuerpo, que resultó ser «benigno» de acuerdo con el diagnóstico médico.
El periodista, reconocido por sus investigaciones contra la corrupción en el país, puntualizó que su estadía en el hospital, desde su llegada hasta ser atendido y su salida, duró 15 horas, vigilado siempre por guardias del Sistema Penitenciario.
Durante su estancia en el centro médico recibió «muestras de apoyo, solidaridad y cariño» por parte de la población.
El mensaje de Zamora Marroquín en sus redes sociales recordó que la atención sanitaria «jamás ha sido una prioridad del Estado» y criticó los últimos Gobiernos por corrupción, incluido el de Jimmy Morales (2016-2020), quien «tenía los pies bien puestos en la tierra para robar», y de Alejandro Giammattei (2020-2024), que «significó que miles de millones de fondos públicos fueran saqueados» bajo su mando.
«Alrededor de las 3 de la mañana del día siguiente (de su traslado al hospital), entré feliz a mi bartolina y caí redondo después de 14 horas de delirio», dijo el periodista.
El comunicador, de 69 años, fue detenido en julio de 2022 después de lanzar fuertes críticas por corrupción contra el presidente en aquel momento, Alejandro Giammattei, y permanece en prisión preventiva por varios casos en su contra sin sentencia firme ni proceso judicial a la vista.
Es por ello que según diversas organizaciones locales y extranjeras debe ser considerado un «preso político».
Durante más de dos décadas, Zamora Marroquín se consolidó como uno de los periodistas más emblemáticos del país al frente del diario El Periódico, donde denunció cientos de casos de corrupción durante los Gobiernos de Giammattei, Morales y Otto Pérez Molina (2012-2015).
El periodista enfrenta procesos por lavado de dinero, obstrucción a la justicia y falsificación de documentos, cargos que su defensa y entidades humanitarias nacionales e internacionales, como Amnistía Internacional, consideran fabricados y espurios, sin que a la fecha se haya comprobado su culpabilidad.
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