Jeremy Jiménez Olivero. (Foto: fuente externa)
Durante años, Venezuela ha sido analizada desde una expectativa recurrente: la de un desenlace rápido, casi inevitable, que ponga fin a uno de los procesos políticos más prolongados y complejos de América Latina. Sin embargo, esa expectativa parte de un error de origen. Venezuela no es un conflicto en espera de un evento dramático, sino un sistema de poder profundamente arraigado, condicionado tanto por dinámicas internas como por intereses geopolíticos externos.
Comparar su posible desenlace con episodios del pasado, como el colapso de regímenes personalistas en la región, resulta insuficiente. El chavismo no es únicamente un liderazgo; es una arquitectura de poder construida durante más de dos décadas, iniciada bajo Hugo Chávez y consolidada bajo Nicolás Maduro. Esta arquitectura combina ideología, control territorial, redes de dependencia económica y una relación orgánica entre partido, Estado y Fuerza Armada.
Uno de los grandes errores de análisis ha sido asumir que la desaparición del líder carismático implicaría el colapso automático del sistema. Ocurrió lo contrario. El chavismo sobrevivió porque mutó: dejó de depender de una figura y pasó a depender de estructuras.
Hoy, el poder en Venezuela se sostiene menos en la popularidad y más en la administración de incentivos, el control institucional y la capacidad de gestionar la escasez. No es un régimen fuerte porque sea popular, sino porque está incrustado en la vida cotidiana, desde la alimentación hasta el empleo público, desde la seguridad hasta la movilidad social.
Del otro lado, la oposición venezolana ha mostrado sacrificio y resiliencia, pero carece de un elemento esencial: prevalencia dentro de las estructuras reales de poder. Su legitimidad es, en gran medida, moral e internacional, pero no estructural. Y la historia demuestra que la política no se define solo por legitimidad simbólica, sino por capacidad efectiva de gobernar.
Cualquier análisis serio debe incorporar un elemento decisivo: Venezuela dejó de ser solo un problema interno y pasó a ser una pieza geopolítica. Esto, por sí solo, ralentiza cualquier desenlace abrupto.
Para Estados Unidos, Venezuela representa un foco de presión política regional, pero ya no una prioridad estratégica absoluta. Washington ha demostrado una preferencia clara por administrar el conflicto antes que forzar una resolución de alto costo político y militar. Las sanciones se ajustan, se flexibilizan o se reimponen no para derrocar al régimen, sino para condicionar su comportamiento en áreas clave: migración, energía y estabilidad regional.
En paralelo, China observa a Venezuela desde una lógica distinta. No busca liderar un cambio político, sino preservar sus inversiones, su acceso a recursos energéticos y su influencia estratégica en el hemisferio occidental. Pekín ha aprendido que los regímenes ideológicamente cerrados pueden ser socios confiables si garantizan estabilidad mínima y control territorial.
Por su parte, Rusia utiliza a Venezuela como símbolo y plataforma más que como aliado económico central. Su apoyo no es ideológico ni romántico: es táctico. Mientras Venezuela exista como punto de fricción con Estados Unidos, seguirá teniendo valor geopolítico para Moscú, incluso en medio de otras prioridades globales.
Este equilibrio externo crea una realidad incómoda: ninguna potencia relevante está interesada en un colapso desordenado del chavismo. El caos migratorio, el impacto energético y la inestabilidad regional serían demasiado costosos.
En el Caribe y América Latina predomina una lógica similar. Los países vecinos han comprendido que Venezuela no se resuelve con gestos simbólicos, sino con gestión regional del impacto: migración, comercio informal, seguridad y energía.
El resultado es un consenso silencioso: mejor una Venezuela predecible, aunque autoritaria, que una Venezuela colapsada. Esta postura, aunque pragmática, no resuelve el problema de fondo y traslada los costos del conflicto a economías frágiles y sociedades ya tensionadas.
En medio de esta ecuación interna y externa, persiste una ausencia decisiva: un liderazgo capaz de unificar al pueblo venezolano más allá de las élites políticas.
Venezuela no necesita únicamente una oposición que confronte, sino una conducción que articule. Que pueda hablarle tanto a quienes resisten al régimen como a quienes hoy dependen, por convicción o necesidad, de las estructuras del Estado. Un liderazgo que entienda que la transición no será una revancha, sino una reconstrucción nacional.
Los regímenes arraigados no caen únicamente por desgaste externo. Caen cuando emerge una alternativa creíble, con legitimidad social amplia, capacidad organizativa real y visión de Estado. Mientras esa alternativa no exista, la inercia del sistema seguirá imponiéndose.
La exhortación es clara y urgente: Venezuela necesita menos épica y más responsabilidad histórica.
El liderazgo venezolano, actual y emergente, debe comprender que el futuro del país no se definirá por un evento dramático ni por una presión internacional acumulada, sino por la madurez política para unificar, estabilizar y gobernar.
Un liderazgo que aspire a conducir la transición debe:
- hablarle a toda la sociedad, no solo a los convencidos;
- ofrecer una visión económica creíble y prioritaria;
- integrar en lugar de excluir;
- y entender que la unidad nacional es condición previa a cualquier cambio duradero.
Para América Latina y el Caribe, el mensaje es igualmente relevante. La estabilidad de Venezuela no es un asunto interno aislado, sino un factor determinante para evitar una crisis económica y social regional.
La historia es clara: los sistemas que logran insertarse en el tablero internacional no caen solos. Y los países que esperan soluciones espectaculares, sin liderazgo y sin transición, terminan pagando el costo.
El futuro de Venezuela dependerá, en última instancia, de una verdad sencilla y profunda: el poder que no une, destruye; y el liderazgo que no unifica, prolonga la crisis.
Lic. Jeremy Jiménez Olivero
Abogado, político y escritor, con máster en Derecho Internacional y doctorando en Historia del Caribe.
Ex precandidato a diputado por la Fuerza del Pueblo, columnista de El Nuevo Diario y presidente de la Fundación de Apoyo Social contra la Pobreza.
Ha sido asesor jurídico del Centro de Operaciones de Emergencia y del sistema de seguridad portuaria.
Miembro de la Dirección Central y Vocero de la Juventud del Partido de la Fuerza del Pueblo.
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