La cifra supera a la registrada en 2023, cuando la nación alcanzó el récord de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes.
El Observatorio del Crimen Organizado estima que en 2025 la tasa será de 52 muertes violentas por cada 100.000 personas.
El estado de excepción «por grave conmoción interna» se extenderá por 60 días en las provincias costeras de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas y Santo Domingo, la andina Pichincha y la amazónica Sucumbíos, señala el documento firmado por Noboa.
La medida también afecta a las localidades de La Maná, en la provincia de Cotopaxi, y de Las Naves y Echeandía, en Bolívar.
De acuerdo con el decreto, entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre hubo más de 1.200 homicidios en las nueve provincias. La mayoría de muertes se concentraron en Guayas (suroeste).
En la práctica el estado de excepción permitirá a la fuerza pública realizar «allanamientos inmediatos, cuando existan indicios» de que en un lugar «se oculten integrantes de grupos armados organizados o de estructuras de delincuencia organizada, o se encuentren armas, municiones, explosivos» o droga, agrega el documento.
Ecuador sostiene una guerra contra bandas narcotraficantes con conexiones con carteles internacionales, que en su sangrienta disputa por el poder lo han convertido en el país más violento de Latinoamérica.
El país cobró protagonismo en el narcotráfico internacional por su ubicación estratégica, como puerta de salida de cocaína colombiana y peruana que se vende en Europa y Estados Unidos.
