EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este lunes que dispuso la inhabilitación permanente de tres proveedores del Registro de Proveedores del Estado (RPE) tras comprobar la presentación de documentos falsos o alterados en distintos procesos de compras públicas, según establecen las resoluciones RIC-0140-2025, RIC-0146-2025 y RIC-0147-2025.

En el caso de All Office Solutions, S.R.L., representada por u gerente, el señor Teódulo Antonio Santana Vásquez, la investigación se originó a partir de una alerta de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) durante el proceso de Comparación de Precios para la “Adquisición de impresoras y escáneres”. Durante la instrucción del expediente, la DGCP requirió al presunto emisor del documento confirmar su autenticidad, y Canon USA confirmó que “no emitió” la certificación presentada por la empresa, la cual contenía modificaciones en la fecha y la firma digital. La DGCP determinó así la presentación de “documentos falsos o adulterados”, ordenando la inhabilitación permanente del proveedor.

De igual forma, sancionó Promokool, S.R.L., representada por su gerente Soraya Farida Sebelen Khoury, la DGCP verificó irregularidades en una licitación del Inabie para la “Confección y adquisición de mochilas y kits de útiles escolares”. La empresa presentó un acta de asamblea con un sello del Colegio de Abogados modificado y discrepancias frente a la copia certificada oficial. La Cámara de Comercio confirmó que “el sello auténtico tenía una numeración diferente”, evidenciando la alteración de documentos, lo que derivó también en inhabilitación permanente.

En un tercer expediente, sancionó a Rosetti, S.R.L. tras una verificación solicitada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) en la Licitación Pública Nacional para la “Confección y adquisición de zapatos escolares”. La empresa presentó un contrato de arrendamiento con un “código de verificación de firma de notario falsificado” y, al requerirse subsanación, aportó otro documento con un código distinto. La DGCP comprobó que “ninguno de los códigos correspondía a la numeración del documento auténtico”, concluyendo que el contrato había sido alterado, por lo que dispuso la inhabilitación permanente.

 


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